El único empalme entre el gobierno de Iván Duque y el nuevo mandato de Gustavo Petro en el que el movimiento campesino tuvo representatividad fue en el del Ministerio de Agricultura. Aunque es uno de los más importantes para ese sector, Eliécer Morales, líder campesino de la Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro, asegura que las peticiones no caben en una sola cartera y piden que el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND) tenga un capítulo campesino con indicadores precisos, trazador presupuestal e inversiones anuales con proyectos a ejecutar durante el próximo cuatrienio.

La lucha de este sector por ser escuchados no es nueva. En la última semana de febrero de este año, una comisión de campesinos del suroccidente del país llegó hasta Bogotá a exigirle al gobierno Duque que la Política del Campesinado, que estaba estipulada en su PND, los tuviera en cuenta. También han tocado las puertas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que los ha acompañado en el proceso de participar, de forma más directa, en las decisiones que tome el Ministerio de Agricultura.

(Vea también: Petro tiró pullas al metro de Bogotá y luego terminó abrazado con Claudia López)

Sin embargo, con el ánimo de unificar sus peticiones y visibilizar sus necesidades al nuevo gobierno, 61 organizaciones campesinas de todo el país radicaron el pasado 14 de julio una carta dirigida al nuevo Congreso de la República y al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en la que piden que la presencia del movimiento campesino esté de forma trasversal a casi todas las carteras.

Esos requerimientos fueron consignados en la nueva Agenda Nacional Campesina de Colombia, que más allá de pedir que se cumplan las históricas promesas incumplidas entre otros gobiernos y los campesinos, además de la implementación del Acuerdo de Paz, aseguran que necesitan otros espacios de participación política y representatividad en la nueva administración. Para ello, por ejemplo, plantean la importancia de crear una Política Pública del Campesinado “que inicia por consensuar una metodología donde al campesinado se le garantice su participación decisoria y representativa”.

(También le interesa: Política del campesinado se está escribiendo sin el movimiento campesino)

La acción más urgente, afirman, es que el nuevo gobierno de Petro adhiera al Estado colombiano a la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Campesinas y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, un planteamiento de la Asamblea General de la ONU que se consolidó en 2018 y que tiene como fin trabajar en políticas globales que fomenten el desarrollo rural de todos los países asociados.

La segunda petición está relacionada con la creación de una jurisdicción rural intercultural e integral, en reemplazo de la jurisdicción agraria que existe en Colombia desde 1989 a través del Decreto 2303. “Hemos identificado que, a raíz de nuevos ordenamientos territoriales, se han generado un sinnúmero de problemas entre las comunidades que van más allá del tema agrario, relacionadas por ejemplo con lo que significa la vida en el campo o las tensiones que se generan ente comunidades afro e indígenas y los campesinos”, dice Eliécer, quien explica también que la idea es que estos tribunales sean interculturales y que reconozcan como independientes a las autoridades de cada pueblo.

Otra de sus propuestas es que se cree una Dirección de Asuntos Campesinos al interior del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, que permitan que haya representatividad política del campesinado para hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollen en ambas carteras. “La adecuación de la arquitectura institucional del Estado Colombiano, que garantice la implementación de los derechos del campesinado como grupo cultural vulnerable, sujeto de especial protección constitucional”, se lee en el documento.

(Lea también: Dos años de la era Duque: campesinos sin tierra no han sentido la reforma rural)

Sobre este punto, mencionan también la importancia de que estas reformas del alto gobierno traigan de la mano una política que haga realidad la autonomía y la soberanía alimentaria de la Nación a través de asociaciones y convenios público-populares. Su propuesta la aterrizan, por ahora, en un escenario: el Programa de Alimentación Escolar (PAE). “Si ese sistema de subsidio alimentario en los colegios, sobre todo los rurales, lo acordamos para trabajar con las asociaciones de padres de familia, antes de hacerlos con un operador, podemos fomentar que funcione mejor desde la institucionalidad”.

De hecho, también apoyan la propuesta del presidente electo Pde que sean las Juntas de Acción Comunal (JAC) de cada territorio del país quienes construyan las vías terciarias. “Porque eso no es algo nuevo para el campesinado. Muchas de las vías terciarias de zonas rurales las hemos construido desde las asociaciones comunitarias como un método de subsistencia para sacar nuestros productos. Es algo que conocemos a raíz de la ausencia de poderes públicos en el país”.

En su Agenda Nacional Campesina también exponen la importancia de que, como se comprometió en campaña, el presidente Petro termine los contratos de exploración y explotación minero-energética en los ecosistemas que hacen parte de la cotidianidad de los campesinos. “Hay que tomar todas las medidas para que en estos territorios ‘donde se forja la vida’ no llegue o se retire la política extractivista”, explican en el documento radicado.

Otra de las prioridades, para los campesinos, es que el gobierno firme, tan pronto como sea posible, el Acuerdo de Escazú, que tiene como fin garantizar el cuidado del medio ambiente a la par de los derechos humanos en América Latina. “También es fundamental que se diseñe una ruta de cumplimiento a los compromisos pendientes del Estado en los últimos 30 años con nuestras organizaciones”, reitera Eliécer, quien es enfático en decir que el cumplimiento integral al Acuerdo de Paz es fundamental para poder avanzar en la transformación del campo colombiano.

En el gobierno Duque, la Política de Campesinado no incluía a los movimientos campesinos

Lo que está en juego, y por lo que los campesinos no quieren quedar excluidos de la construcción de la política, es la visión que se consolidará del campo. Desde septiembre de 2021 se viene adelantando en la OCDE el proceso de revisión de la política rural de ese organismo y los campesinos en Colombia temen que la política para el campesinado se alinee con esos parámetros.

Ana Jimena Bautista, investigadora de Dejusticia que ha acompañado el proceso, dice que el riesgo es que “la visión que se pueda dar en la OCDE corresponda más a la visión desde los actores poderosos de la ruralidad, una visión comercial de la producción agraria y rural”, explica. Además, sostiene que lo que se ha conocido hasta ahora de la ruta que ha trazado el Gobierno “gira en torno al campesino como sujeto productor de alimentos, que sí lo es, pero no de forma exclusiva. La política pública no se debe limitar a eso sino a pensar el campesino como un sujeto cultural, territorial y político”.

(También le interesa: Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral)

Los últimos dos años del gobierno Duque se han ido en medio de dilaciones y una pandemia que se atravesó. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2021, el Gobierno Nacional realizó espacios de participación relacionados con esa política, pero las organizaciones campesinas regionales y nacionales denuncian que no fueron convocadas. Así ocurrió el 5 de noviembre pasado, cuando se hizo el lanzamiento del proceso de formulación. Por las denuncias de esas organizaciones, que llegaron al espacio, se convocó otra para el 12 de noviembre de 2021, que finalmente nunca se realizó.

LO ÚLTIMO