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A principio de mes, la revista Semana dio a conocer los videos del interrogatorio que el fiscal Mario Burgos le realizó a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, durante el proceso de colaboración con la justicia que solicitó el político investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los videos fueron grabados por la Fiscalía, y estaban bajo la custodia de sus funcionarios, pero llegaron a las manos de Revista Semana. El nuevo abogado de Nicolás Petro, Diego Henao, pidió explicaciones a la Fiscalía, pero la entidad aseguró no haber entregado información alguna.
En los videos, que hacen parte de un proceso judicial en firme, Nicolás Petro explicaba que dinero no reportado presuntamente entró en la campaña presidencial de su padre, con el conocimiento de este último. Una teoría que, luego, a través de sus redes sociales el exdiputado de la Asamblea del Atlántico negó, incluso señalando a la Fiscalía de haberlo presionado para hablar. Sobre el caso en concreto de la filtración, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que investiga la conducta de abogados, jueces y fiscales, abrió una investigación contra el fiscal Mario Burgos, quien interrogó a Petro.
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En derecho de petición, la Fiscalía respondió que “los delegados fiscales (…) no han difundido ningún tipo de información relacionada con la noticia criminal de la referencia a ningún medio de comunicación o externo ajeno a la investigación. Por el contrario, el avance en la indagación e investigación que se adelanta en este y todos los radicados de este despacho (el de Burgos) se han llevado a cabo con la debida diligencia, según las normas legales y disposiciones constitucionales, respetando las garantías procesales de las partes e intervinientes”.
El fiscal Mario Burgos respondió que desconoce las fechas y medios en los que se habría realizado la entrega de la información, la cual estaba en poder del ente investigador. En la misma respuesta, el fiscal Burgos reconoce que la custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física les corresponde a los servidores públicos que entran en contacto con ellos. Y recalcó, en por lo menos otras tres respuestas, que la información sobre noticia criminal abierta contra Nicolás Petro no fue difundida a ningún medio de comunicación, en especial a la revista Semana.
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El abogado Diego Henao, además, solicitó explicaciones a la Fiscalía del por qué se le hicieron a Nicolás Petro preguntas relacionadas con su padre, siendo que como presidente es aforado y las investigaciones en su contra son competencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Ante ello, el fiscal Burgos respondió que el mismo Nicolás Petro solicitó frenar la audiencia de imputación (hoy está acusado) para iniciar un proceso de colaboración. En esa diligencia, de la cual se filtraron los videos, según Burgos, Nicolás Petro expuso de manera voluntaria y libre los temas con los cuales pretendía ayudar a la justicia.
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Nicolás Petro, según la respuesta de Burgos, buscaba el beneficio del principio de oportunidad para evitar una condena en su contra y entregó, sin presiones, “nombres e información sobre diferentes personas, algunos funcionarios aforados”. Y al final, Burgos concluyó que, “de acuerdo con la amplia experiencia que me asiste en la práctica del proceso penal y la rigurosidad en mis actuaciones, no se adelantó ningún tipo de actividad investigativa en contra de aforados que no sean competencia de este despacho, en este o en otra investigación a mi cargo”
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