Consonante es un medio de comunicación que publica noticias hiperlocales. Funciona a través de una sala de redacción descentralizada y participativa. La mayoría de publicaciones son realizadas por periodistas locales y líderes sociales.
Las quejas contra el servicio de energía que presta Air-e han aumentado en San Juan del Cesar, La Guajira, desde que el 11 de junio la compañía anunció que reportaría ante las centrales de riesgo a los usuarios que acumulan deudas en el pago de sus facturas. En las últimas dos semanas, la Inspección de Servicios Públicos ha recibido cerca de 88 reclamos sobre el servicio de la empresa.
Antes del anuncio, a está dependencia llegaban aproximadamente 12 quejas semanales vinculadas al servicio del agua, alumbrado público, aseo y energía eléctrica. En Cali la situación es parecida y habitantes hacer preocupantes descargos.
Entre las principales inconformidades de la gente se encuentran: el cobro que consideran excesivo en la facturación, predios que siguen recibiendo factura a pesar de no tener conexiones eléctricas o estar abandonados, cambios en los medidores sin previo aviso, denuncias por malos tratos de los funcionarios y poca respuesta por parte de la empresa ante las quejas. Incluso, algunos usuarios aseguran que los empleados de Air-e realizan conexiones arbitrarias para reportar a las personas y demostrar resultados.
(Vea también: La Guajira: bloqueos en la línea férrea estarían dejando sin agua a miles de familias)
Según varias fuentes consultadas por Consonante, los principales temores de los usuarios están relacionados no solo con ser reportados a centrales de riesgo sino perder sus predios, vehículos, motos u otros bienes por los embargos que la compañía advirtió que solicitará ante un juez como penalidad contra los usuarios morosos. Sin embargo, la ley establece que las empresas de servicios públicos deben resolver las quejas de sus usuarios antes de reportarlos a las centrales de riesgo.
Sin luz y sin respuesta
Los y las habitantes afectadas han optado por interponer tutelas, radicar derechos de petición y realizar denuncias públicas en redes sociales y medios de comunicación departamentales. Incluso, algunos han recurrido a retirar por su cuenta los medidores en señal de protesta. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos ha funcionado para recibir alguna solución de fondo frente a sus casos. El hecho se da em medio de anuncio que preocupa a los colombianos.
Sergio Luis Márquez, habitante del barrio La Esperanza, cuenta que no tiene ningún tipo de medidor que contabilice el consumo mensual y, aún así, recibe una factura de energía por 300 mil pesos. Cuello sostiene que Air-e no ha cumplido con la instalación de postes y cableados a pesar de que lo han solicitado. Por lo tanto, la poca infraestructura que surte de energía a las casas ha sido adquirida y colocada por la misma comunidad.
(Lea también: Cantante vallenato y su agrupación se accidentaron por polvareda que los timbró en carretera)
“Yo compré los troncos para el poste, los cables y mandé a poner mi luz. Ellos se han basado en mis cables. El poste de Air-e con la conexión más cercana nos queda casi a 200 metros. La traemos de allá para acá”, afirma Márquez. Agrega que, con las debilidades en las redes de energía y a pesar de que ha pagado cada mes la factura, actualmente tiene una deuda acumulada de 3 millones de pesos. “No sé a qué se deberá la deuda. Es un atropello lo que están haciendo conmigo y con los vecinos”, dice.
Para Márquez, quien padece una doble discapacidad visual y física, otra de las dificultades que ha tenido que enfrentar es no poder desplazarse hasta la Inspección de Servicios Públicos o de Air-e para interponer alguna queja y visibilizar su caso.
Otra de las personas afectadas es Rosa Ortega, habitante del barrio Rafael de Armas, quien desde hace ocho meses no tiene el servicio de luz ya que la empresa lo suspendió por incumplimiento en el pago, que en ese momento era de 400 mil pesos. A pesar de esto sigue recibiendo facturas por un millón de pesos. Ortega cuenta que no ha podido refinanciar la deuda porque no cuenta con los recursos suficientes pues es madre cabeza de hogar.
“Tengo que pedir el favor de que me guarden la carne o el hielo todos los días. El agua a veces no me llega y tengo que pedirle al vecino una extensión para encender la turbina y tener agua. Mi mamá está recién operada y no tengo cómo conectar un abanico”, cuenta Ortega. “Para mandar a poner la luz de forma clandestina me cobran 30 mil pesos y no tengo esta plata para estar poniendo y ellos (Air-e) cortando, así que dejé así. La solución para ellos, es que el usuario pague consuma o no, tenga red o no, marque el contador o no”, lamenta.
(Vea también: Aclaran si a estratos 1, 2 y 3 les saldrá más cara la luz por emergencia en La Guajira)
Margarita Daza cuenta que su problema con la empresa empezó con la sustitución que considera arbitraria del medidor tradicional por uno de los medidores inteligentes. Desde el cambio, el cobro en la facturación se elevó de 103 mil pesos a 606 mil pesos. “Cuando vinieron a instalar el medidor, les dije que sí se podían esperar hasta las 5 de la tarde y me dijeron que no y de una vez fueron ‘enganchando’ el contador. Me amenazaron y me dijeron que lo podían poner cuando les diera la gana”, recuerda Daza.
Daza cuestiona que “esa cantidad de dinero que ellos están cobrando no tenemos cómo pagar. Acá no se paga ni siquiera un arriendo de ese de ese valor para venir a pagar el servicio de Air-e, sobre todo cuando aquí no hay artículos que consuman toda esa energía”.
¿Qué dicen las autoridades?
Hugues Alberto Gamez, inspector de Servicios Públicos, afirma que puede haber un subregistro en el número de las quejas que ha recibido en las últimas semanas porque hay personas que no asisten a su oficina o no saben cómo interponer una queja. Reconoce, además, que Air-e se ha convertido en “un bolsillo roto” para los usuarios.
“Muchos de los usuarios han acumulado deudas millonarias lo que ha demostrado que el único recurso funcional para obtener una respuesta de parte de la empresa es a través de los derechos de petición o de las acciones jurídicas que les ayudamos a formular. En muchos casos prefieren cancelar la matrícula y la refinanciación termina siendo una decisión que atrasa estos procesos”, explica el inspector.
En lo que va corrido del año, el Inspector de Servicios Públicos y la empresa han realizado dos mesas técnicas en las que revisaron las quejas recibidas e intentaron llegar a compromisos para subsanar los inconvenientes. La última se realizó en marzo y la compañía asumió la tarea de extender las redes eléctricas, cambiar las acometidas y reemplazar los medidores tradicionales por los nuevos para mejorar el servicio.
Gamez agrega que la compañía argumenta que el aumento en las facturas se debe a que la gente no tiene un consumo consciente de la energía pues hace conexiones ilegales, no cancelan a tiempo las facturas y mantienen las bombillas y los electrodomésticos encendidos cuando no es necesario. “Nosotros ya no sabemos qué hacer, Air-e es una empresa que no hay por donde coger. La gente está trabajando para pagar un mal servicio”, afirma Hugues Alberto Gámez.
Ante la falta de respuesta de Air-e, varias personas crearon dos grupos de Whatsapp. En estos están organizando una movilización para el 2 de septiembre, con el fin de ejercer presión y, de esta manera, llegar a un acuerdo con la empresa o la Superintendencia de Servicios Públicos. Los y las organizadoras están invitando a no pagar la factura.
Por su parte, el Inspector de Servicios Públicos está a la espera de que la Superintendencia se pronuncie sobre las posibles irregularidades y se pueda desarrollar una mesa técnica conjunta entre la empresa y los usuarios.
LO ÚLTIMO
.svg)
