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Escrito por:  Diego Quiroga Ussa
Redactor     Oct 16, 2024 - 6:24 pm

Durante 2024 en Colombia, los accidentes de tránsito han cobrado la vida de 18 menores de edad y 66 han quedado heridos, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a corte en junio de este año.

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Ese es un número que preocupa de gran manera a las autoridades, ya que sigue el ritmo de accidentes que se presentaron en 2023, año en el que hubo 35 muertes y 226 heridos en las vías de todo el país. 

Ante este preocupante panorama, se está buscando cambiar la reglamentación con respecto a los menores de edad, pues la idea es que haya más seguridad y con eso en caso de que se presenten incidentes, las consecuencias sean lo menos grave posibles.

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Según comentó Maria Fernanda Ramírez, líder de movilidad sostenible y segura de Despacio, el 40 % de esos menores que fallecieron no contaban con el Sistema de Retención Infantil (SRI), la silla de seguridad que trae más cinturones para que los más pequeños no sufran de consecuencias fatales en caso de accidente.

Por eso, la idea es renovar la norma que dice que que solo los menores de dos años utilicen esta silla cuando vayan únicamente con el conductor, para que sean todos los niños de menos de 1.50 los que tengan que sí o sí utilizarla de forma obligatoria. 

De hecho, Ramírez, en diálogo con Red+ Noticias, aseguró que ha apoyado a las senadoras Soledad Tamayo y Norma Hurtado en su idea de modificar la Ley 769 de 2002, la del Código Nacional de Tránsito, y que así el uso de SRI sea obligatorio con estas nuevas condiciones:

  • Los menores de 12 años no podrán viajar en el puesto delantero, a menos de que midan más de 1.50 metros.
  • Quienes midan menos de esa estatura mencionada, tendrían que sí o sí ir con la silla SRI que cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento técnico que expediría el Gobierno Nacional.

Aquellos que no cumplan con esta norma, tendrían que pagar una multa de 45 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que para 2024 corresponde a 1’950.000 pesos, además de los costos por la inmovilización del vehículo.

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Por ahora, dicha propuesta va en el segundo debate en el Congreso, por lo que es muy posible que pronto sea una realidad para todos los conductores del país.

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