Graves irregularidades en plusvalía vinculan al Gobernador de Cundinamarca

Rarezas con el domicilio del avaluador, excesos de tiempo de entrega y culminación para los estudios, diferentes firmas de supervisor del contrato y varias versiones del “estudio definitivo” son las anomalías presentadas.

El periodista Yohir Akerman realizó en su columna ‘Los estudios del monarca’ para El Espectador una detallada investigación de cómo se ejecutó irregularmente los estudio de plusvalía para el municipio de Funza entre los años 2008 y 2011, por parte del actual Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

Akerman recuerda que para la época en que Funza inició las tareas de plusvalía, Jorge Emilio Rey era el alcalde siendo el protagonista de dichas irregularidades.

El periodista cita el contrato 520 de diciembre de 2008, en el que se suscribe la prestación de servicios por parte la Corporación de Manabá, como avaluador, pero que no tiene domicilio en el municipio, lo que infringía la ley.

Por otra parte, también hace referencia al exceso de tiempo para la entrega de estudios afirmando:

“La ley 388 de 1997 establece que la entrega y culminación de dichos estudios se debe dar en un plazo de 60 días hábiles inmodificables. Pero, el contrato con la Corporación Manabá tiene fecha de inicio en 2008 y de terminación, en 2011. Tres añitos más de lo que establece la ley”.

Ahora, con respecto a las firmas de supervisión, el columnista asegura que en una cláusula del contrato con Manabá el arquitecto Hover Foncesa, quien era el Secretario de Planeación Municipal firmaría, pero para su sorpresa el mismo alcalde es quien deposita sus firmas y de manera extemporánea.

Así mismo, cita la existencia de 3 versiones del “estudio final” en las que se señala:

“Aparece la matrícula del señor Hernández Poveda, un número de Registro Nacional Avaluador que en las versiones anteriores brillaba por su ausencia”.

Finalmente, dice que Rey en su afán por disimular dichas irregularidades, suscribió un nuevo contrato en 2011 con Avaluadores ‘Apra’, pero no tuvo presente que aún estaban vigentes los Decretos del 2010, lo cual le quitaba toda validez al contrato nuevo.

Akerman finiquita, señalando que pese a que el actual gobernador saque pecho por el proceso de cobro de plusvalía en Funza, lo único que logró fue  graves irregularidades que deben ser examinadas por las autoridades.