Vacaciones en peligro: tráfico ilegal de animales y plantas amenaza la biodiversidad en Cundinamarca

Durante la temporada de receso escolar en Cundinamarca, las autoridades ambientales intensifican las acciones para enfrentar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres. Según información difundida por El Espectador, este delito representa una seria amenaza para la biodiversidad regional y tiene efectos directos en la salud pública y el equilibrio ecológico. La presión sobre las especies silvestres aumenta durante los periodos vacacionales, ya que la alta movilidad de turistas y familias eleva la demanda y propicia la comercialización no autorizada de animales y plantas originarias del país.

El tráfico ilegal afecta principalmente a aves de la región Caribe, entre ellas canarios y semilleros, así como a especies de tortugas tanto terrestres como acuáticas. De acuerdo con Carlos Eduardo Rodríguez, director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional (CAR), la extracción y venta de estas especies no solo amenaza su supervivencia, sino que también altera funciones ecológicas esenciales como el control de plagas y la dispersión de semillas. Además, la tenencia y movilización de animales silvestres incrementa el riesgo de transmisión de zoonosis, es decir, enfermedades que pueden pasar de animales a humanos.

El Instituto Alexander von Humboldt ha alertado sobre el impacto profundo de esta actividad ilegal: más del 30% de las especies en riesgo de Colombia están directamente relacionadas con el tráfico silvestre, debilitando significativamente los corredores biológicos y la estabilidad ambiental en Cundinamarca y áreas colindantes. El debilitamiento de dichos corredores supone un desafío más extenso para la conservación a largo plazo de ecosistemas y especies endémicas del país.

En cuanto a la logística del tráfico, Parques Nacionales Naturales identificó que Bogotá y Cundinamarca forman parte de 37 rutas utilizadas para la comercialización ilícita a nivel nacional. Estas rutas tienen conexiones con redes internacionales, facilitando la exportación ilegal de fauna a mercados consumidores ubicados en Asia y Europa. Esta estructura demuestra que el problema trasciende el ámbito local y requiere respuestas coordinadas en diversos niveles de gobernanza.

Las autoridades colombianas han establecido un marco legal robusto para combatir el tráfico ilegal de fauna. De acuerdo con el Código Penal (Ley 599 de 2000) y la Ley 1774 de 2016, quienes incurran en este delito pueden recibir multas de hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales y enfrentar penas de prisión de hasta 11 años. Además, se han habilitado líneas directas para la denuncia ciudadana a través de organismos como la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la CAR, Parques Nacionales Naturales, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUÍA y la Policía Nacional, facilitando la participación y alerta temprana comunitaria.

De cara al futuro, expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) subrayan la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional y promover la educación pública como ejes fundamentales para detener el tráfico ilegal. La integración de tecnologías de monitoreo y el compromiso comunitario aparecen como factores esenciales para proteger el patrimonio natural y la seguridad sanitaria de la región.

¿Cuáles son las principales consecuencias ecológicas del tráfico de fauna silvestre? El tráfico de fauna silvestre provoca alteraciones significativas en los ecosistemas, afectando tanto la diversidad biológica como los servicios ambientales que dependen de ella. La desaparición de ciertas especies interrumpe procesos como la dispersión de semillas y el control de plagas, lo que puede conducir a desequilibrios ecológicos de difícil reversión. Esta problemática pone en riesgo no solo la supervivencia de animales y plantas, sino también la calidad de vida de las comunidades humanas que se benefician de ecosistemas saludables.

La pérdida de especies, sumada al debilitamiento de los corredores biológicos que conectan diferentes hábitats, dificulta la resiliencia de los ecosistemas frente a amenazas externas. Instituciones como el Instituto Alexander von Humboldt han reportado que estos efectos pueden ser irreversibles a mediano o largo plazo, comprometiendo tanto la restauración ambiental como la seguridad alimentaria y sanitaria de la región.

¿Qué mecanismos existen para que los ciudadanos denuncien el tráfico ilegal de especies? Desde hace varios años se cuenta con canales directos habilitados por entidades como la Secretaría de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional, Parques Nacionales Naturales y otras autoridades ambientales, donde cualquier persona puede informar de actos o sospechas de tráfico ilegal. Estas vías incluyen contactos telefónicos y plataformas digitales que permiten alertar de manera rápida y anónima sobre el movimiento, comercio o captura de fauna y flora protegida.

La denuncia ciudadana es clave para la detección oportuna de situaciones irregulares y para fortalecer la capacidad de reacción de las autoridades. Además, fomenta una cultura de legalidad y protección ambiental, contribuyendo a reducir la demanda de especies silvestres que impulsa la oferta ilegal y a activar procesos sancionatorios sobre los responsables.