Ahora es un evento cultural el que tiene en problemas al gobernador de San Andrés

La Procuraduría General encontró que Ronald Housni Jaller suscribió un convenio con la Cámara de comercio para celebrar el Green Moon Festival, sin que la entidad fuera idónea para ejecutar el contrato, y lo suspendió por 10 meses.

El Ministerio Público investigó el acuerdo suscrito por 1.500 millones de pesos y determinó que el mandatario departamental infringió el principio de legalidad y responsabilidad de la contratación estatal y de la función administrativa.

Según el órgano de control, Housni no revisó el contrato, pues de haberlo hecho se habría dado cuenta que la Cámara de Comercio “no estaba en capacidad de ejecutar el objeto del negocio jurídico”.

La Procuraduría señaló que esa entidad no contaba con “el personal necesario para la coordinación del festival y carecía de la logística para su realización, por lo que debió acudir a la subcontratación de los instrumentos, memorias fílmicas y manuscritas, agencia de viajes, publicidad y escenario donde se realizó el evento”.

En ese sentido, la entidad recordó que:

“(…) Los convenios de asociación previstos en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, no pueden ser utilizados por las administraciones públicas como instrumentos o herramientas para la transferencia de recursos, a una entidad sin ánimo de lucro, para que ésta los administre y se comporte como un outsourcing, contratando a terceras personas, quienes son las que real y materialmente terminan ejecutando el convenio”.

El Green Moon Festival, o Festival de la Luna Verde, se celebra cada año en San Andrés para celebrar la cultura de esta región del Caribe. En el evento se presentan conjuntos musicales de países como Haití y Jamaica, además de conferencias sobre música, proyecciones de documentales, muestras de bailes típicos y de gastronomía local, explican los organizadores.

Sobre eso, la Procuraduría precisó que no desconoce que las entidades territoriales tienen el deber de apoyar y fomentar la cultura, y reconoce el valor del festival para resaltar las tradiciones caribeñas a través de actividades académicas, gastronómicas, religiosas, deportivas, cinematográficas y musicales. Sin embargo, recordó que la función administrativa es reglada y el manejo de los recursos públicos en materia de contratación debe guiarse por las normas previstas para ese propósito.

Esta decisión de primera instancia fue apelada en audiencia pública por parte del apoderado del disciplinado y será resuelta por la Sala Disciplinaria de la Entidad.

Esta suspensión se suma a otra que determinó el Ministerio Público el pasado viernes por otras presuntas irregularidades en contratos para la operación del servicio de salud y entrega de medicamentos al Hospital Clarence Lynd Newvald, en San Andrés. Esa medida rige por tres meses, por lo que el gobernador estará en total 13 meses fuera de su cargo.