La Procuraduría General emitió un comunicado en el que indica que además del gobernador Housni Jaller, la medida también cobija a la exgobernadora Aury Socorro Guerrero y al actual secretario de Salud, Adolfo Lambis Urueta.

Además, a los exsecretarios de Salud Miguel Alfredo May Salcedo y Heyder Enrique Avendaño Villa.

El procurador Fernando Carrillo explicó que la IPS Universitaria fue contratada por segunda vez por la Gobernación para operar los servicios del hospital, pese a que había antecedentes de su “deficiente servicio, falta de especialistas, escasez de insumos, medicamentos y de personal para la atención”.

Por eso, según el boletín, el procurador Carrillo dijo que se investiga si se conformaron carteles en el hospital para quedarse con el manejo de estos servicios.

Y agregó:

“La existencia de carteles dentro del hospital como el cartel del oxígeno, de los insumos médicos, de tantas cosas que suponen contrataciones pequeñas, donde siempre se da el mismo patrón y es entregarle a los mismos y a los que prestan deficientemente esos servicios”.

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A la crisis de salud se suma el manejo inadecuado de residuos hospitalarios, que según el hallazgo de la entidad son “acumulados a la intemperie en canecas plásticas, sin ningún tipo de seguridad, lo que representa un alto riesgo para la población y los trabajadores del Clarence”.

La suspensión del gobernador es para que no interfiera en la investigación, ya que según informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter Ronald Housni no asistió “a interrogatorio” sobre ese tema que estaba programado para el pasado 23 de abril.

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