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Siete uniformados reconocieron su responsabilidad como presuntos abusadores sexuales de la menor, que hace parte de la comunidad Embera Chamí en Risaralda.
Precisamente en este departamento se lleva a cabo la diligencia de imputación contra los soldados, luego de que un juez de control de garantías legalizara las capturas, y Noticias Caracol dio a conocer que uno por uno se allanó a los cargos que se les atribuye por acceso carnal violento agravado.
Los militares fueron trasladados vestidos de civil en un camión del Ejército hasta el búnker de la Fiscalía en Pereira, y allí también estuvieron los comandantes de la Octava Brigada que hicieron la entrega al personal del CTI.
Minutos antes de la diligencia, la fiscal delegada para la seguridad ciudadana, Carmen Torres, explicó en CM& Noticias que el organismo acusador cuenta con las entrevistas de unos 25 uniformados del batallón San Mateo que, al parecer, tienen conocimiento de cómo ocurrieron los hechos.
La Fiscalía tiene el testimonio de la niña, de su hermana y de una tía, familiares que advirtieron de la desaparición de la menor y del estado en que fue encontrada, así como el examen que le practicó Medicina Legal, lo cual terminaría por confirmar el acceso carnal del que fue víctima.
Por el momento, se espera que la Fiscalía entregue más detalles de lo que sucedió en la diligencia judicial, y que se confirme si todos los siete soldados serán enviados a una prisión.
La fiscal Torres había dicho, en Blu Radio, que en la entrevista que se llevó a cabo con la afectada ella aseguró que de los siete implicados seis de ellos la abusaron sexualmente, y advirtió que de ser hallados culpables la pena estaría entre los 16 y los 30 años de cárcel.
La funcionaria dio a conocer que la menor ya fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y que las autoridades competentes les están brindado apoyo a la niña y a sus familiares. De hecho, la secretaría de Desarrollo Social de Pereira ubicó a la niña y a su hermana en un hogar de paso.
“La niña no quiere tener a ningún uniformado cerca, y la tenemos con seguridad privada para garantizar sus derechos y las medidas de protección”, comentó la directora de esa entidad, Daniela Gil López, en el noticiero de Caracol.
Este video muestra el momento en que trasladan a los uniformados para la diligencia judicial, en Pereira.
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