Vía clave en riesgo: la segunda calzada Valledupar-La Paz podría convertirse en “elefante blanco” por falta de fondos

La construcción de la segunda calzada entre Valledupar y La Paz ha sido destacada como un proyecto estratégico para la conectividad y el desarrollo vial del departamento del Cesar. Sin embargo, una situación crítica ha surgido en torno a la financiación de un tramo esencial, localizado en el barrio San Fernando, dentro del perímetro urbano de Valledupar. Este segmento, que abarca aproximadamente 1,6 kilómetros y sirve de enlace entre la vía nacional y la Terminal de Transporte, depende presupuestalmente de la Alcaldía de Valledupar. Según reportes del diario El Pilón, la veeduría ciudadana responsable del seguimiento de la obra ha alertado sobre la ausencia de recursos asignados y sobre la falta de voluntad del gobierno local, departamental y nacional para comprometer los fondos necesarios. Esta carencia amenaza con impedir la culminación y funcionamiento integral de la infraestructura.

El desarrollo de la segunda calzada progresa con un 53 % de avance, desde La Paz hacia Valledupar, sustentado por una inversión cercana a los 62 mil millones de pesos para completar siete kilómetros de vía. Entre los retos pendientes destaca la construcción de un puente sobre el río Cesar, cuya financiación también se encuentra sin definir. Esta vía busca modernizar uno de los corredores más transitados y congestionados de la región, mejorando factores clave como la seguridad y la fluidez del tráfico. No obstante, tal como advierte la veeduría, la falta de integración completa podría convertir el proyecto en una infraestructura fragmentada, limitando sus beneficios y exponiéndolo al riesgo de ser catalogado como un “elefante blanco” —una expresión utilizada para obras inconclusas que suponen pérdidas para el patrimonio público. Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado informes técnicos y jurídicos que permitan evitar que esta situación se concrete.

En respuesta, la Alcaldía, liderada por Ernesto Orozco, ha impulsado un proyecto alternativo: una vía multifuncional de 4,1 kilómetros, destinada a comunicar puntos clave como el Aeropuerto Alfonso López, la vía nacional Valledupar-La Paz y otros corredores urbanos. Esta obra, que se espera finalice en 24 meses, cuenta con un presupuesto de casi 52.800 millones de pesos y apunta a aliviar los principales focos de congestión en la ciudad. No obstante, voceros de la veeduría, como José Jorge Maya, insisten en que esta solución solo aliviaría el tráfico local, sin resolver la crucial falta de conexión entre el sector de San Fernando y la terminal de transporte.

Por otro lado, la comunidad del barrio San Fernando ha mostrado sentimientos encontrados ante la situación. Durante una socialización reciente con las autoridades locales, Armando Rincones, presidente de la Junta de Acción Comunal, expresó cierto alivio por la posible disminución del tráfico pesado en la zona. Habitantes recuerdan que la infraestructura existente ha sufrido daños significativos y que la circulación frecuente de vehículos de carga representa un peligro para la población vulnerable, como niños y adultos mayores. Esta percepción positiva respecto a la reducción de tráfico pesado convive, sin embargo, con la preocupación por el acceso y la adecuada planificación urbana.

A nivel nacional, lo que ocurre en Valledupar encuentra eco en otras regiones donde proyectos viales permanecen inconclusos por la falta de recursos o de coordinación entre niveles de administración. Organismos como el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) han identificado la falta de sincronización financiera y de compromisos claros entre las diferentes instancias gubernamentales como una de las principales causas de ineficiencias y obras inconclusas en Colombia. Por ello, sugieren modelos de cofinanciación integrados que favorezcan la transparencia en proyectos regionales estratégicos.

Finalmente, la Procuraduría General resalta la necesidad de procedimientos rigurosos en la planeación y adjudicación contractual, protegiendo así el patrimonio público y la continuidad de las obras viales. La situación evidencia el papel vital que desempeñan la vigilancia ciudadana y la inclusión de comunidades en la toma de decisiones, aspectos que podrían marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de proyectos tan relevantes como la segunda calzada Valledupar-La Paz.

¿Por qué se considera “elefante blanco” a una obra vial?
El término “elefante blanco” se refiere a proyectos de infraestructura cuyo desarrollo se encuentra paralizado o incompleto, impidiendo que cumplan su propósito original y representando una pérdida de recursos públicos. En el caso de la segunda calzada Valledupar-La Paz, la preocupación radica en que la falta de financiamiento para el tramo urbano y el puente sobre el río Cesar podría convertir la obra en un ejemplo de este fenómeno, restando beneficios, eficiencia vial e impactando negativamente en la conectividad regional. El seguimiento y los informes exigidos por la Procuraduría General de la Nación buscan prevenir este desenlace, asegurando la funcionalidad y utilidad de la inversión estatal.

¿Qué papel cumplen las veedurías ciudadanas en los proyectos de infraestructura?
Las veedurías ciudadanas son agrupaciones reconocidas legalmente en Colombia encargadas de vigilar y acompañar la ejecución de obras públicas para garantizar el manejo transparente y correcto de los recursos. En el contexto del proyecto Valledupar-La Paz, la veeduría ha sido clave en alertar sobre retrasos, riesgos de fragmentación y omisiones presupuestarias, al tiempo que exige rendición de cuentas a las autoridades responsables. Su participación fortalece el control social y permite que las voces de las comunidades sean tenidas en cuenta en las decisiones sobre infraestructura local y regional.