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Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) rechazaron el espionaje ilegal que, según Semana, realizó el Ejército.
Lo hicieron en un comunicado conjunto, publicado este sábado, luego de que el semanario revelara una investigación según la cual miembros de inteligencia militar espiaron hasta hace pocos meses a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales y extranjeros que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción militar en Colombia.
Esas organizaciones le pidieron al Ministerio de Defensa que revele qué unidad realizó las labores de inteligencia, bajo qué órdenes, con qué fines y quiénes eran los destinatarios de dicha información.
“Manifestamos nuestro rechazo enfático a los seguimientos, perfilamientos, escuchas, interceptaciones y vigilancia a periodistas nacionales y extranjeros por parte del Ejército colombiano”, enfatizaron.
En su comunicado, los periodistas señalan que esas actuaciones “constituyen graves violaciones al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Constitución Política de Colombia”.
Según la APIC y RSF, tanto el Ministerio de Defensa como el Gobierno Nacional conocían desde al menos el 13 de enero pasado “de estas acciones contrarias a la ley y nunca informaron de la situación a los directos afectados”.
Estas asociaciones además pidieron a la autoridad que entregue a los periodistas afectados una copia total del contenido interceptado y que se les notifique las acciones que tomarán las autoridades para que cesen estas prácticas.
Las organizaciones también solicitaron garantías de seguridad para los periodistas Federico Ríos, Nicolás Bedoya, Juan Forero, Andrés Cardona, Stephen Ferry, Christian Escobar, Ernesto Mercado y los demás mencionados en la investigación de Semana.
En el mencionado documento, las asociaciones pidieron lo mismo para la Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto, 2 medios de comunicación alternativos enfocados en temas de memoria del conflicto armado y víctimas.
La APIC y RSF también solicitaron a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que lleven a cabo las investigaciones y sanciones a que haya lugar.
El viernes, horas antes de que Semana publicara la investigación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la desvinculación del servicio activo de 11 oficiales y el retiro voluntario de un brigadier general, como parte de las investigaciones por las denuncias que hizo la misma revista en enero.
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