Así es el polémico proyecto de ley que le daría poder a Petro para otorgar perdón judicial

Al Congreso de la República, con el auspicio de más de una decena de organizaciones sociales, aterrizaría en los próximos días un controvertido proyecto de ley que le daría “superpoderes” al presidente Gustavo Petro para otorgar perdón judicial. Lo anterior, en el marco de su política de paz total.

El proyecto de acto legislativo, que implica modificar la Constitución y que demanda ocho debates en el Congreso, cuenta con el respaldo también del exsecretario Luis Fernando Rosas, quien trabajó con Petro durante su Alcaldía en Bogotá y quien se considera cercano al aún canciller Álvaro Leyva.

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Según establece la iniciativa, el presidente de la República, que se habría puesto implantes de pelo, podrá otorgar perdón judicial –entendido como la caducidad o extinción de la acción penal– en los casos en que este beneficio contribuya “de modo fehaciente” a los fines de la política de paz total o porque las circunstancias que rodearon los hechos fueron influidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado o el “ambiente de pugnacidad” generado por este.

Lo anterior, en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En esa línea, se precisa que el efecto del perdón concedido “será la anulación de las condenas y sanciones judiciales y el archivo de las investigaciones en curso, así como el restablecimiento de los derechos políticos a los afectados”.

Para ello, precisa el proyecto, no será necesario un desarrollo legislativo y estarán vigentes durante dos años. Además, el primer mandatario podrá crear un equipo jurídico que analizará los casos judiciales por errores jurisdiccionales, y “por la instrumentalización de la justicia politizada”. Eso sí, se exceptúan en todo caso los delitos de lesa humanidad.

Por otro lado, se indica que, si así lo considera, el presidente, que se reunió con Maduro, podrá solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de un nuevo macrocaso para establecer si dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos, “que tienen derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas y por la falta de separación real de los poderes públicos”. Además, dichos actores podrán recurrir a la JEP para contar su verdad.

En materia de reparación y resarcimiento, el proyecto asegura que todo actor político responsable de delitos contra la administración y el erario público que sea beneficiado por el perdón judicial resarcirá o reparará al Estado y a la sociedad con el retorno de los recursos apropiados y señalados en los fallos correspondientes.

En ese caso, se precisa incluso que el presidente podría solicitar a las instituciones el levantamiento de las inhabilidades correspondientes. Es decir, condenados por hechos como corrupción podrían volver a tener derechos políticos.

Sumado a un compromiso de no repetición, se asegura que para todos los efectos el proyecto será vinculante a la política de paz total, “que deberá ser suscrito con los actores interesados en la búsqueda de la reconciliación en Colombia, entendiendo las dinámicas del conflicto y las diferencias ideológicos necesarias y propias en un Estado Social de Derecho”.

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Finalmente, se crea un tribunal de cierre o de amnistía política para actores democráticos que deben reintegrarse y recuperar sus derechos políticos y laborales y vincularse a la paz total. “Estudiará los casos particulares y garantizará un perdón judicial. Dicho comité será designado por el presidente de la República, en el entendido que nuestra Constitución consagra que no existen delitos irredimibles y será producto de un gran acuerdo político nacional”.

En la exposición de motivos se concluye que en Colombia es imposible una paz total “manteniendo la exclusión de tantos colombianos”. En esa línea, se cuestiona: “Si se perdonaron determinados delitos dentro de un proceso de paz como el de La Habana y el que se pretende con el ELN y grupos residuales, ¿por qué razón dejarán por fuera a sectores que por su liderazgo político y por una política de Estado ha servido para perseguir a opciones democráticas en los diversos territorios del país? Se requiere incluir la paz política, dentro del proceso de construcción de la paz total”.