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La entidad hizo la solicitud al Gobierno por no existir la información científica suficiente, ni claridad sobre el control que se haría a los pescadores.
Este tema generó gran polémica en el país, ya que, a través de una resolución, el Ministerio de Agricultura autorizó la caza de hasta 125 toneladas de tiburón en el mar Caribe, y 350 toneladas en el océano Pacífico, en el que se incluían aletas, de acuerdo con El Tiempo.
El ministerio público destacó, a través de un comunicado, que el documento emitido por el Gobierno no debería incluir la palabra ‘aleta’, porque pese a que prohíbe la práctica del ‘aleteo’ (cercenamiento y retención de las aletas de tiburón, y descarte del resto del cuerpo al mar), trae confusiones y malas interpretaciones a la población.
Además, pidió la aclaración sobre los controles que ejercerán las diferentes autoridades a la pesca del animal, teniendo en cuenta que los pescadores artesanales trasladan sus productos a sitios diferentes a los puertos.
“A la fecha no se tienen tallas mínimas, lo que puede llevar a la explotación de individuos que no han alcanzado su madurez reproductiva, poniendo en riesgo la supervivencia de las poblaciones”, advirtió la Procuraduría.
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