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Se refieren a dos artículos que plantean que las inhabilidades decretadas por los dos entes sean confirmadas por instancias judiciales.
Para la Procuraduría y la Contraloría, ese cambio podría generar “más trámites y congestión judicial” y envía un mensaje nocivo.
“Con el argumento de defender los derechos políticos terminaría premiándose la participación en procesos electorales de quienes han sido sancionados por violar la ley y afectar el patrimonio público”, dicen los dos ente de control a través de un comunicado.
Los artículos a los que se refieren son el 1 y el 14 del proyecto de acto legislativo (o sea, una reforma a la Constitución) 012 de 2017, relacionado el acuerdo de paz con las Farc.
Según los dos entes, no hay relación entre lo negociado con esa guerrilla y el hecho de someter a consulta judicial “las decisiones sancionatorias de la Procuraduría o la Contraloría General de la República”, y por esa razón piden, además, que no se tramite por la vía rápida.
Dicen, además, que si se aprueban los dos artículos podría haber choques con las instancias judiciales.
La Procuraduría y la Contraloría enviaron una carta a la Comisión Primera de la Cámara (encargada de tramitar reformas a la Constitución) con estos reparos.
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