Los presos de ‘cuello blanco’ que buscan cupo en excarcelación masiva

Están sindicados por varios delitos y llevan más de dos años en la cárcel sin que la justicia defina si son inocentes o culpables.

Por ese motivo, podrán pedir su libertad gracias a los beneficios que les otorga la Ley 1786 de julio de 2016, que pretende reducir el uso de medidas de aseguramiento y descongestionar las prisiones del país.

“Entre los que podrán acogerse a esa gabela aparecen nombres tan polémicos como el de Carlos Albornoz, exjefe de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes que lleva cuatro años preso, y el exgobernador de Arauca Julio Acosta, que está detenido desde el 2011 por un homicidio cometido por grupos paramilitares”, señala El Tiempo, en un artículo en el que advierte sobre la excarcelación masiva que se avecina bajo esta norma.

Albornoz fue enviado a la cárcel, en 2013, junto a otras dos personas como presuntos responsables de “incurrir en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito  de particulares”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Esto, por la venta de un predio ubicado en Cota (Cundinamarca), que fue vendido a una pareja de esposos por 1.200 millones de pesos, lo que según el organismo investigador generó “un detrimento patrimonial al estado en suma cercana a los 2 mil millones de pesos ya que el predio en realidad estaba avaluado en una suma aproximada a los 3.500 millones de pesos”.

Acosta, por su parte, está procesado por el asesinato del exregistrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco, y por financiar su campaña electoral en 2003 con dineros supuestamente de las autodefensas, indica El Espectador.

Los otros que buscan beneficiarse de esta ley son “el abogado Álvaro Dávila, uno de los protagonistas del escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, y Humberto Agámez Ortiz, exalcalde de Puerto Salgar, Cundinamarca, que tiene 26 cargos en su contra por corrupción”, agrega el impreso capitalino.

Aunque la norma, que entró en vigencia este sábado primero de julio, otorga beneficios también estipula varias restricciones para darles la libertad a estos y a unos 9.630 presos más en el país.

“El caso es que las personas siguen enfrentando su proceso en libertad condicional, pero dado el caso en el que se les encuentre responsables o culpables pues sencillamente regresan al centro carcelario y serán recapturados para pagar su condena”, explicó el viceministro de justicia Carlos Medina, a Caracol Radio.