Líder comunal detenido en Antioquia: el caso que revela cómo operan las disidencias de las Farc en las regiones rurales

El caso de Jainober Jiménez Restrepo, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Campamento, Antioquia, y actualmente detenido por su presunta vinculación con el frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ilustra la compleja situación que enfrentan comunidades rurales en regiones bajo influencia de grupos armados ilegales. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Jiménez Restrepo habría aprovechado su posición de liderazgo para encubrir actividades ilícitas, movilizar a comunidades en contra de las operaciones de la fuerza pública y, mediante amenazas, imponer sanciones económicas a quienes no acataban las órdenes de estas disidencias.

Para comprender el trasfondo de este fenómeno, es fundamental observar el papel de las disidencias de las Farc en Antioquia. Tras el acuerdo de paz firmado en 2016, distintos frentes, como el 36, rechazaron el desarme y continuaron ejerciendo control armado en varias zonas del país. El informe realizado por la Fundación Ideas para la Paz en 2023 revela que el frente 36 mantiene una fuerte presencia territorial y su influencia sobre las comunidades se basa en el empleo de mecanismos de coacción, lo que restringe de manera significativa la libertad de acción tanto de las autoridades estatales como de los habitantes.

Desde una perspectiva social y política, el Observatorio de Conflicto y Violencia de la Universidad de los Andes advierte que el poder ejercido por estas estructuras armadas va más allá de los intereses ilícitos, como el narcotráfico o la minería ilegal. Se ha detectado la conformación de formas de “orden armado paralelamente estatal”, las cuales buscan legitimarse ante la comunidad a través de organizaciones como las Juntas de Acción Comunal. Este fenómeno dificulta la recuperación de la institucionalidad y deja a la población entre el temor y la dependencia hacia estos grupos para atender aspectos de la vida cotidiana.

Las pruebas recolectadas por la Fiscalía incluyen registros de amenazas y comunicaciones que involucran a Jiménez Restrepo en la organización de bloqueos y asonadas. Ejemplo de ello es el incidente del 25 de septiembre, cuando alrededor de 200 personas impidieron el avance de la Policía Nacional en una zona rural de Campamento. Este hecho no solo evidencia la capacidad de movilización social de estos grupos, sino también el clima de tensión entre las autoridades y comunidades sujetas a dinámicas de control armado.

En el plano judicial, la Fiscalía imputó a Jiménez Restrepo el delito de concierto para delinquir agravado, tipificado para castigar la actuación conjunta en actividades criminales. El líder comunal no admitió los cargos y continúa privado de libertad mientras avanza el proceso. Esto pone en discusión los retos que enfrenta la justicia colombiana al abordar casos donde los límites entre el liderazgo civil y la criminalidad se desdibujan, según datos del Ministerio de Justicia en su informe de 2024.

Adicionalmente, la situación impacta los derechos humanos y la justicia transicional, pues estas regiones siguen expuestas a la violencia y al desplazamiento forzado. Según Human Rights Watch, la persistente presencia de las disidencias provoca crisis humanitarias recurrentes, obligando al Estado a fortalecer sus acciones en seguridad, apoyo social y reparación de víctimas para revertir el ciclo de violencia y control paralelo.

Así, el proceso contra Jiménez Restrepo pone en evidencia la continuidad de estructuras armadas ilegales que, a través de la coacción y manipulación social, imponen su poder sobre las poblaciones rurales. Esta problemática desafía los logros del proceso de paz e impulsa la necesidad de respuestas integrales que combinen seguridad, justicia y tejido social, para restaurar la presencia efectiva del Estado y garantizar derechos fundamentales en las comunidades afectadas.

¿Por qué las Juntas de Acción Comunal son importantes en zonas rurales de Colombia?

Las Juntas de Acción Comunal desempeñan un papel esencial en la representación y organización de las comunidades rurales en Colombia. Históricamente, estas entidades han facilitado gestiones colectivas de recursos y el desarrollo de proyectos en sectores donde la presencia estatal es reducida o prácticamente inexistente. Su importancia radica en que canalizan las demandas sociales e impulsan la participación ciudadana en la solución de problemas locales.

Sin embargo, en contextos donde operan grupos armados ilegales, las Juntas pueden verse presionadas o cooptadas, como evidencian investigaciones del Observatorio de Conflicto y Violencia. Esto plantea el desafío de salvaguardar sus funciones originales y evitar que estructuras ilegítimas se infiltren para ejercer control social, complicando la gobernabilidad y la seguridad de las comunidades.

¿Qué significa “concierto para delinquir agravado” y cómo se aplica en casos como el de Jiménez Restrepo?

El término “concierto para delinquir agravado” hace referencia a la figura penal colombiana que sanciona a quienes se asocian con otras personas para cometer delitos de manera organizada y reiterada, agravando la conducta cuando estas asociaciones tienen fines particularmente graves, como el apoyo a estructuras criminales. Es una herramienta usada recurrentemente por la Fiscalía General de la Nación en procesos contra grupos ilegales.

En el caso de Jiménez Restrepo, la imputación de este delito surge porque, según las pruebas presentadas, habría actuado coordinadamente con el frente 36 de las disidencias de las Farc, presuntamente organizando acciones de obstrucción contra la fuerza pública y el orden institucional. La aplicación de este delito pone a prueba la capacidad del sistema judicial para desmantelar estas redes y restablecer el imperio de la ley en territorios afectados.