Estados Unidos
Le salió inesperado problema a paquetes De Todito y hay escándalo: "No deben consumirse"
Reportaron llamadas amenazantes, extraño malfuncionamiento de computadores y hombres en carros fotografiando la entrada a sus oficinas.
Así está registrado en un extenso reportaje en el periódico The New York Times sobre la ONG Educar Consumidores, que además de su campaña sobre los riesgos del consumo de bebidas gaseosas tiene, en general, una campaña que advierte sobre el consumo de comida chatarra.
Y estos hechos coincidieron en el tiempo con una demanda que instauró RCN contra la ONG por usar fragmentos de la novela ‘Azúcar’ en uno de sus mensajes contra las bebidas azucaradas.
El periódico compara los métodos de intimidación con los usados también en Colombia por los carteles del narcotráfico.
“Si usted no se calla la jeta, ya verá las consecuencias”, recuerda Esperanza Cerón, directora de la ONG, que le gritó por la ventana de su carro un hombre que se movilizaba en moto.
The New York Times dice que Educar Consumidores fue promotora del impuesto del 20 % a las bebidas gaseosas para desestimular su consumo. Además, presenta la campaña de ‘lobby’ en el Congreso para frenarlo como descomunal (dice que al menos 90 lobistas estuvieron en la discusión del proyecto y llegaron al extremo de sentarse al lado de los legisladores).
Presenta como reacción a esta iniciativa, a la que califica de “feroz”, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que impuso, por petición de Postobón, la censura de videos en los que la ONG advertía sobre los riesgos de las bebidas azucaradas e imponía la censura previa a otros que quisiera emitir.
El periódico, sin embargo, no menciona que la decisión de la SIC fue reversada por la Corte Constitucional y la Corte Suprema.
A Postobón la presenta como parte de un “conglomerado económico, que incluye cultivadores de caña, ingenios azucareros y la más grande compañía de medios, RCN Televisión, que ayudó a diseminar el mensaje antiimpuesto (a las bebidas azucaradas)”.
A las voces de voceros de la ONG se une la del mismísimo ministro de salud, Alejandro Gaviria, que dijo que “en Colombia, la industria del azúcar y las principales compañías de medios pertenecen a los mismos conglomerados económicos. Tienen poder de intimidación. Y lo usan”.
El periódico dice que las autoridades se negaron a investigar quiénes son los responsables del acoso a la ONG y que no se ha probado que provenga de los productores de gaseosa.
Así mismo, que Pepsi y Coca Cola negaron estar detrás de ella, pero que Postobón, al preguntárselo, remitió al periódico a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (que tiene una cámara dedicada a las bebidas), quien dijo no tener nada que ver con los episodios.
Y el Consejo Internacional de las Asociaciones de Bebidas, que combate a nivel mundial los impuestos a las gaseosas “no respondió directamente la pregunta sobre si sus aliados en Colombia estaban conectados al acoso, pero condenó tales acciones”, dice The New York Times.
Para el periódico, la batalla contra las bebidas gaseosas ha sido particularmente feroz en América Latina, que se ha vuelto el mercado más grande del mundo, sobrepasando a los Estados Unidos.
Para demostrar que Colombia no es la excepción, menciona el caso de México, que demuestra “lo sucia que puede ser la pelea”. Allí se aprobó en 2014 un impuesto del 10 %, y los promotores del aumento al 20 % recibieron mensajes de texto en los que, por ejemplo, “a uno de ellos le decían que su hija estaba seriamente herida; otro encontró un texto que le decía que su esposa tenía un amante; un tercero recibio un enlace a la página web de una funeraria”.
Así mismo, menciona documentos filtrados en los que se detallan estrategias de los fabricantes para frenar los impuestos en otros países.
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