Mineros en paro de Antioquia aseguran que recibieron presiones para seguir en protestas

Líderes de agremiaciones mineras destaparon su preocupación luego de recibir presiones por parte de grupos armados en medio de las protestas que desde hace casi un mes tienen paralizadas a las subregiones del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.

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La alerta consiste en que los ilegales le estarían exigiendo a los mineros no levantar la suspensión de sus actividades hasta que el Gobierno Nacional dé señales de entablar conversaciones de paz con ellos, en el marco de la estrategia de ‘Paz Total’ liderada por el presidente Gustavo Petro.

En medio de la inestable situación de orden público que aqueja al departamento en el marco de esas protestas, el temor de muchos de los líderes es quedar en medio de la puja entre el gobierno central y los ilegales y terminar viendo comprometida su seguridad personal.

Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conarminercol), planteó que muchos de los líderes se sienten entre la espada y la pared y por eso le piden al Estado prestarle atención ese problema.

“La situación es complicada, porque se han tratado de mimetizar dentro de los conflictos que tenemos en los territorios, tanto en el Bajo Cauca como en el Nordeste. Eso se convierte, más que en una amenaza, en una situación que nos complica la vida, porque nos pone frente a otros actores de la violencia en Colombia que pueden tomar retaliaciones contra nosotros”, alertó Gómez, en diálogo con el informativo regional Teleantioquia Noticias.

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La preocupación de los mineros aparece en medio de un panorama en el que la situación de orden público se muestra cada vez más volátil en Antioquia.

Cabe recordar que en medio de las tensiones por el paro, desatado por la decisión del Gobierno de reactivar los operativos de destrucción de dragas y maquinaria amarilla en sitios de explotación ilegales, también se produjo un traspié entre los acercamientos de paz que desde Bogotá se venían adelantando con el Clan del Golfo.

Pese a que desde el pasado 31 de diciembre el gobierno Petro había anunciado un cese al fuego con varias organizaciones armadas, incluyendo esa agrupación (también identificada como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia), esa medida fue revertida el pasado 19 de marzo, luego de que se presentaran hostigamientos contra la fuerza pública que, a su vez, fueron rechazados por los mineros.

“He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, dijo entonces el presidente Gustavo Petro.

Cabe anotar que desde el comienzo del paro minero uno de los principales puntos de controversia entre el Gobierno y los mineros ha sido precisamente la visión sobre la presencia de los grupos armados en esa actividad.

Y es que mientras el Gobierno Nacional argumenta que su decisión de reactivar la destrucción de maquinaria minera obedece su deber de atacar las rentas de los grupos criminales, los mineros denuncian que los más afectados por esa reactivación de operativos son mineros informales sin nexos con los violentos.

A este panorama se suma que desde el pasado 16 de marzo no hay negociaciones entre los mineros y las autoridades.