EE. UU. y la ONU dividen al Consejo de Seguridad: ¿qué está en juego para la paz y la justicia en Colombia?

Por primera vez desde 2017, la continuidad del mandato de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia enfrenta divisiones explícitas y profundas al interior del Consejo de Seguridad. Este viernes se someterá a votación un proyecto de resolución que busca ampliar la presencia de la Misión hasta el 31 de octubre de 2026, pero esta vez bajo limitaciones inéditas en comparación con renovaciones previas. El debate se ha centrado en dos funciones que la Misión venía desempeñando desde el año 2023: la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento específico al capítulo étnico establecido en el Acuerdo de Paz de 2016.

Según el borrador divulgado por Security Council Report (SCR), una organización independiente dedicada al análisis del trabajo del Consejo de Seguridad, ambos componentes serán suprimidos tras intensas gestiones diplomáticas. Estados Unidos ha desempeñado un papel central en esta decisión, presionando para eliminar dichas tareas del mandato e incluso advirtiendo con vetar la resolución si estas funciones relacionadas con la justicia transicional y la protección de los derechos étnicos se mantenían. A pesar de la consulta, la Cancillería colombiana no manifestó su postura al respecto.

El texto conservó, sin embargo, la función de verificación sobre la reforma rural integral, eje que continúa rezagado en la implementación del Acuerdo de Paz, y las competencias originarias asignadas en 2017: el monitoreo de la reincorporación de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el establecimiento de garantías de seguridad para individuos y comunidades en zonas afectadas por el conflicto armado. La eliminación de las atribuciones en justicia transicional y enfoque étnico evidencia una ruptura en el respaldo tradicional de Estados Unidos al proceso colombiano de consolidación de la paz.

Este giro responde también al deterioro en las relaciones entre Washington y Bogotá tras el regreso de Donald Trump al poder, momento en el que la administración estadounidense ha chocado con el presidente Gustavo Petro en temas neurálgicos como la lucha antidrogas, la migración regional y la postura en conflictos internacionales. Un punto de quiebre se produjo con la inclusión de Petro en la Lista Clinton por parte del Departamento de Estado, cuestionando su eficacia ante el narcotráfico y exacerbando la tensión bilateral.

Dentro de Colombia, el escenario político interno también ha influido en las discusiones internacionales sobre el futuro del monitoreo de la ONU. A meses de las elecciones nacionales de 2026, la precandidata Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, solicitó al gobierno estadounidense que se opusiera a la renovación del mandato debido a sus críticas a la JEP, acusando a la jurisdicción de fomentar impunidad. Por otra parte, 12 miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo países europeos, asiáticos y africanos, defendieron el mantenimiento de las funciones en justicia transicional y protección de derechos de poblaciones étnicas. No obstante, Estados Unidos también objetó la mención explícita de comunidades indígenas y afrocolombianas e incidió en que en el texto final se empleara el más genérico “comunidades marginadas”.

Pese a estas presiones, el documento mantiene una referencia a la “plena implementación del Acuerdo de Paz” y una enmienda impulsada por Panamá y el grupo africano que reitera el respaldo internacional a los esfuerzos de Colombia por alcanzar una paz duradera, la justicia y mayor seguridad. Colombia ocupó una posición de observadora activa durante las negociaciones y, en los días previos a la votación, reforzó sus gestiones diplomáticas en Nueva York.

El desenlace de la votación será trascendental no solo porque determinará el alcance futuro de la Misión de la ONU, sino porque revela una fractura inédita en el consenso internacional alrededor del proceso de paz colombiano. Este episodio refleja cómo las dinámicas geopolíticas globales y las disputas políticas nacionales inciden directamente sobre los mecanismos de apoyo internacional a la paz en Colombia.

¿Cuál es la función de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Acuerdo de Paz?

La función de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resulta clave al abordar los retos de la transición tras el conflicto armado colombiano, tal como surgió en el propio Acuerdo de Paz de 2016. Esta jurisdicción fue creada para juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, construyendo justicia restaurativa y devolviendo la confianza a las víctimas de décadas de violencia. A través de la JEP se pretende promover la verdad, la reparación y la no repetición de los crímenes.

La relevancia de la JEP dentro del mandato de la Misión de la ONU reside en su papel como mecanismo central de la justicia transicional en Colombia. De acuerdo con lo informado en el artículo, la decisión de Estados Unidos de frenar la verificación internacional sobre las sentencias de la JEP es un reflejo de los debates actuales sobre la legitimidad, eficacia y alcance de la justicia restaurativa, así como de la creciente injerencia de factores geopolíticos en los procesos internos de rendición de cuentas y reconciliación nacional.