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Lo hizo a través del Ministerio de Transporte, que emitió un comunicado para aclarar que la empresa norteamericana no estaba cumpliendo con las reglas de juego.
En la comunicación, el Mintransporte explica que su función es velar porque el servicio se preste en “condiciones de seguridad, calidad y legalidad”, y advierte que aunque Colombia apoya la inversión e innovación extranjera, las empresas deben ajustarse al cumplimiento de las normas vigentes.
A renglón seguido, la cartera de Transporte se defendió del vainazo que Uber le mandó al Gobierno, pues en su comunicado de despedida la empresa cuestionó que “Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.
“De ninguna manera estamos en contra del desarrollo tecnológico, apoyamos las iniciativas de esta índole”, respondió el ministerio, y recordó que las empresas de transporte deben proteger “la vida de los usuarios” y prestar el servicio bajo las condiciones normativas.
“Estas leyes exigen que el Estado habilite tanto a las empresas como los vehículos para que puedan prestar el servicio público de transporte. Está prohibido prestar el servicio público de transporte en un vehículo privado”, advirtió el Mintransporte.
Finalmente, la cartera de Transporte reconoció que el Congreso debe “realizar reformas” para nivelar las reglas de juego, anticipándose así a los “fenómenos nuevos de economía colaborativa”.
Así las cosas, el debate sigue abierto ya que Uber anunció que prestará el servicio hasta el próximo 31 de enero, y que luego arrancará del país.
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