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Las víctimas entregaron sus vehículos para supuestos arriendos médicos, pero el presunto responsable desapareció con ellos y se los vendió a terceros.
Desde hace 4 años, al menos 57 personas que viven en la capital antioqueña han reclamado por la presunta estafa de la que fueron víctimas en momentos en los que el país afrontaba la pandemia por COVID-19.
(Vea también: Cerrarán tramo vía al aeropuerto de Rionegro y tocará dar más vuelta para entrar y salir)
El esquema, con el que el hombre abordó a sus víctimas, provocó pérdidas superiores a los mil millones de pesos. Los hechos, según relató Semana, ocurrieron entre febrero y octubre de 2020, cuando un grupo de personas usó una empresa de laboratorios para captar víctimas con la promesa de arrendar vehículos particulares al personal de salud que atendía la contingencia.
Las ganancias ofrecidas a esos propietarios de vehículos eran entre los dos y tres millones de pesos por mes, lo que motivó a los propietarios a entregar sus automotores a un hombre que fue identificado como Andrés Felipe Torres Gómez.
La Fiscalía relató que, inicialmente, el sospechoso entregó una parte del dinero a algunos arrendatarios, lo que creó confianza entre muchas personas por el esquema que proponía. Sin embargo, a partir de octubre de 2020, Torres Gómez cortó toda comunicación con las víctimas, dejando en el aire los pagos y los vehículos.
Posteriormente, esos automotores fueron vendidos a terceros utilizando documentos falsos, incluso pocos días después de que fueron entregados por sus dueños a Torres Gómez.
El presunto responsable fue capturado en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (que sirve a Medellín) cuando regresaba de un vuelo internacional. Un juzgado de Antioquia ordenó su detención en una cárcel mientras se le investiga por delitos como estafa en modalidad de masa, falsedad en documento público y privado, y fraude procesal.
El caso sigue abierto, y las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos, recordando a los colombianos que investiguen previamente a las empresas con las que pretenden celebrar contratos, para que no caigan en estafas como en la que vivió una familia que viajó a un cumpleaños en Medellín y perdió más de $ 30 millones.
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