Madres comunitarias del Quindío alzan la voz: temen perder derechos laborales por nuevo modelo del ICBF

El 16 de diciembre se vivió una jornada de protesta pacífica en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organizada por madres comunitarias y trabajadoras dedicadas a la atención de la primera infancia en el departamento del Quindío. Estas mujeres manifestaron su inconformidad frente a la propuesta del ICBF de modificar el modelo de contratación, optando por contratos por prestación de servicios. Según las participantes, esta modalidad representa un retroceso en términos de protección y garantías laborales, lo que afecta la estabilidad, el acceso a prestaciones sociales y la seguridad social para quienes cumplen una función permanente en el acompañamiento y cuidado de niños y niñas.

De acuerdo con testimonios recogidos por la Crónica del Quindío, la preocupación central radica en que este tipo de contrato, común en el sector público colombiano, no asegura pagos de salud, liquidaciones y otros derechos, a pesar de que las trabajadoras llevan años desempeñando un rol esencial en el desarrollo de la primera infancia. Yennis Márquez, quien se desempeña como manipuladora de alimentos, expresó que su grupo exige contratos dignos y estables, con salarios acordes y una verdadera protección tanto para las trabajadoras como para sus familias.

Durante el año en curso, las trabajadoras han tenido contratos que sí brindaban estas garantías, por lo que solicitan mantener el modelo vigente y evitar la implementación del esquema por prestación de servicios. Las solicitudes se centran en ser escuchadas y reconocidas, no solo por la importancia de su labor social, sino también por la necesidad de condiciones justas y transparentes para el desarrollo de su trabajo.

Juan José Galvis, representante legal de la cooperativa Coohobienestar, explicó que los operadores, como la organización que representa, han formalizado la vinculación de las colaboradoras mediante contratos que contemplan primas, afiliación a cajas de compensación, y acceso a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales. Si el nuevo modelo del ICBF elimina la intermediación de los operadores, la responsabilidad de asegurar estos derechos recaería directamente en las trabajadoras, quienes además se verían obligadas a asumir nuevos trámites administrativos y a presentar informes adicionales para recibir sus pagos.

Galvis argumentó que estos operadores funcionan actualmente como garantes de los derechos tanto de las empleadas como de la niñez beneficiaria, rol que consideran indispensable para la calidad de los programas sociales y de alimentación. Desde la perspectiva de quienes protestan, cambiar esta estructura puede no solo incrementar la sobrecarga laboral, sino también disminuir la protección integral que actualmente se ofrece.

En respuesta a las manifestaciones, Érika Katherine Velandia Hernández, agente educativa del Centro Zonal Norte, informó que el mismo día de la protesta se realizó una reunión con representantes del ICBF. Entre los acuerdos alcanzados, destaca la creación de un espacio digital para que las trabajadoras puedan votar respecto al modelo de contratación, así como la solicitud de priorizar a empresas operadoras de la región. Además, se programó una mesa de trabajo con la dirección nacional del ICBF para definir el futuro proceso de contratación, especialmente de cara al año 2026, resaltando así la disposición para el diálogo y la búsqueda de consensos.

¿Por qué es importante el modelo de contratación en los programas de primera infancia?

Esta pregunta es relevante porque el tipo de contrato determina no solo la estabilidad laboral y la seguridad social de quienes trabajan en los programas de atención a la niñez, sino también la calidad y continuidad del servicio ofrecido a las familias. En Colombia, los contratos por prestación de servicios suelen limitar el acceso a derechos fundamentales, lo que puede impactar negativamente en la motivación y bienestar del personal encargado de los niños y niñas.

Según se refleja en la discusión entre las trabajadoras y las directivas del ICBF, la modalidad de contratación es un aspecto crucial para el funcionamiento eficiente de programas sociales. Un modelo que priorice la formalidad y garantías laborales contribuye a fortalecer el compromiso y el profesionalismo en la atención de la primera infancia. Por el contrario, cambios que recaen en esquemas más flexibles pueden poner en riesgo tanto los derechos de las trabajadoras como la calidad del servicio a la niñez vulnerable.