Ley de delitos menores permite que la víctima sea investigador privado

La normativa fue sancionada este viernes por el presidente Santos y promete revolucionar la manera de investigar y agilizar el juzgamiento.

La ley de delitos menores entrará en vigencia en unos seis meses y según dijo el presidente, Juan Manuel Santos, se reducirá de dos o tres años a seis meses el tiempo de juzgamiento gracias a que disminuye el número de audiencias.

Según dijo Santos, la norma permite que las víctimas hagan las veces de acusadores privados, ya que podrán reunir pruebas y presentarlas ante un juez en casos como hurto de celulares, injuria, lesiones personales, inasistencia alimentaria y estafa, cuando sea menor de 150 salarios mínimos.

“Se crea la posibilidad de que, en algunos casos, los ciudadanos puedan reunir pruebas, o contratar investigadores privados, para llevar a juicio a quienes comentan los delitos que se juzgarán por este procedimiento abreviado”, dijo el mandatario, declaración que se recoge en un boletín de Presidencia.

Eso sí, advirtió que no se trata de “hacer justicia por la mano propia”, ni atribuirse “funciones de policía judicial”.

Por eso, Santos puso varios ejemplos:

Si a Juan Rodríguez lo roban en su vivienda y tiene pruebas o indicios de quién lo hizo, pero la Fiscalía no avanza en la judicialización porque tiene muchos casos, el mismo Juan, a través de un abogado, puede llevar las pruebas al juez”.

En caso de inasistencia alimentaria, dijo:

Ya no tiene que esperar, como pasaba hasta hoy, a que un fiscal haga la acusación ante el juez. Ahora la misma María, con su abogado, puede acusar y llevar al juicio al papá irresponsable”.

En caso de robo de celular con captura del delincuente, Santos explicó:

Pablo ya no tiene que ir personalmente a poner la denuncia, sino que el policía que hizo la captura puede presentarla”.

La nueva normativa permitirá “acusar más rápido a quienes cometan delitos menores, pues ya no será un proceso de cinco audiencias sino de solo dos”, afirmó Santos.

Delitos como los ataques con ácido no fueron incluidos en este proyecto. Tampoco, indica la información, establece brindar excarcelaciones ni rebajas de penas.

El proceso de judicialización se reduce de siete a dos audiencias.