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Tragedia de presentadora de 'Día a día' con su exmarido: "Se quemó el 65 % del cuerpo"
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El Departamento de Prosperidad Social está bajo la lupa de la Contraloría General de la República, puesto que estaría otorgando subsidios a personas fallecidas.
Laura Sarabia, quien fuera jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro y estuvo metida en el escándalo por el robo de dinero en su apartamento que, supuestamente, le pertenecería al mandatario, vuelve a estar en el ojo del huracán por las irregularidades que, aparentemente, se estarían dando con la entrega de cerca de 20.000 subsidios en el país, a través de la entidad que dirige.
(Vea también: Juez tomó decisión con policía involucrada en caso de chuzadas a exniñera de Laura Sarabia)
Hace unos días, el senador Gustavo Moreno afirmó durante un debate de control político de la corporación contra la directora de Departamento de Prosperidad Social, que miles de subsidios que se otorgan desde esa entidad están registrados a nombre de personas que ya murieron.
El congresista comentó que “son más de $ 3.000 millones” los que se les han entregado ” a cerca de más de 20.000 fallecidos que hoy están recibiendo un subsidio” del departamento dirigido por Laura Sarabia.
Aparte de calificar como “muy grave” la situación, Moreno expresó que esos subsidios habrían sido entregados mediante uno de los 5 programas que forman parte de la política social del presidente Gustavo Petro. Otra de las denuncias que hizo el senador es que esos dineros también se les estarían otorgando a personas que ya cuentan con una pensión o que no deberían estar inscritas en el Sisbén.
Prosperidad Social salió a responder a las acusaciones e informó que la Contraloría ya venía revisando ese tema durante el Gobierno anterior (durante las vigencias de 2021 y 2022), en las que se identificaron siete indagaciones preliminares asociadas a los pagos a esos usuarios que registran como muertos, informó Red+ Noticias.
La misma entidad comentó que dos de esas indagaciones fueron archivadas, pues no se demostró un daño patrimonial para el Estado. Las cinco restantes aún están en curso de análisis por la Contraloría, basadas en los soportes entregados por el Departamento de Prosperidad Social, de acuerdo con los hallazgos que han tenido.
“Prosperidad Social continuará atendiendo los requerimientos para demostrar que, efectivamente, no se llevaron a cabo los pagos a beneficiarios fallecidos, toda vez que se aplicaron diferente controles como cruces de bases datos de datos de supervivencia previos a la liquidación y entrega de los recursos a los beneficiarios”, dijo en un comunicado Prosperidad Social.
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