Justicia en pausa: Corte Suprema alerta que crímenes del conflicto en Colombia podrían tardar 40 años en resolverse

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido un severo llamado a las instituciones responsables de la justicia transicional, señalando la extensa demora en la tramitación de casos derivados del conflicto armado, especialmente bajo los mecanismos dispuestos por la Ley de Justicia y Paz. Este cuerpo normativo, diseñado para juzgar delitos cometidos por actores como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y facciones de la guerrilla, mantiene 36 expedientes pendientes desde hace más de diez años, según el artículo original, lo que revela una crisis de largo alcance en la administración de justicia y afecta directamente los derechos de las víctimas.

El detonante más reciente de esta alerta fue el caso de una persona secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 1998, quien permaneció tres años en cautiverio. Pese a que han pasado 24 años desde la culminación del secuestro, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá no ha dictado aún sentencia condenatoria. La Corte Suprema considera esta dilatación una violación grave al derecho fundamental de acceso a la justicia y al principio de un proceso en plazos razonables. Asimismo, enfatizó la transgresión de otros derechos básicos reconocidos internacionalmente: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, todos fundamentales dentro del derecho internacional humanitario y de las obligaciones que el Estado debe cumplir tras violaciones graves de derechos humanos.

Los retrasos han llegado a tal nivel que, de mantenerse el ritmo actual, la Corte calculó que resolver la totalidad de los expedientes tomaría cerca de cuatro décadas más. Calificó la situación como un “problema estructural” que pone en entredicho la capacidad del Estado colombiano para sancionar crímenes atroces cometidos en el contexto del conflicto armado, según consta en la información del artículo original.

La coyuntura se agrava al observar que la Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005 con la promesa de desarticular estructuras paramilitares y brindar reparación integral a las víctimas mediante procedimientos penales especiales, ha enfrentado retos significativos. Investigaciones académicas y reportes de organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch, han documentado obstáculos como recursos judiciales insuficientes, extrema complejidad procesal y ciertas resistencias institucionales. Además, la Comisión de la Verdad de Colombia subrayó en 2022 que la lentitud judicial fomenta frustración social y resta legitimidad a la justicia transicional, dificultando la consolidación de una paz duradera en el país.

A modo comparativo, experiencias recogidas en sistemas de justicia transicional en países como Sudáfrica y Ruanda muestran que la adopción de mecanismos alternativos y la inclusión activa de la comunidad permitieron enfrentar el alto volumen de casos y acortar los tiempos procesales, como se indica en un informe de las Naciones Unidas de 2020. El caso de Colombia evidencia la urgencia de revisar y optimizar los actuales procedimientos para responder eficazmente a las necesidades y expectativas de las víctimas.

Ante este panorama, la Corte Suprema instruyó al Tribunal Superior de Bogotá a sentenciar en un plazo de máximo tres meses y tomar decisiones adicionales en dos meses subsiguientes, en un intento por restablecer el acceso efectivo de las víctimas a la justicia. Esta acción subraya la necesidad de una reorganización profunda de la justicia transicional, evitando la perpetuación de la impunidad y la repetición de conductas violatorias de derechos humanos.

La importancia de agilizar estos procesos trasciende el ámbito jurídico y toca aspectos esenciales de la reconciliación social y la preservación de la memoria histórica. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), avanzar en estos trámites resulta clave para atender el trauma de las víctimas y robustecer el Estado de derecho en los territorios afectados por la violencia prolongada.

En definitiva, la justicia transicional en Colombia afronta desafíos profundos cuya superación exige estrategias judiciales más ágiles, transparencias efectivas y un respaldo político y material sostenido, a fin de garantizar reparación integral y prevenir nuevas violaciones en el futuro.

¿Por qué es importante el principio de no repetición en la justicia transicional? El principio de no repetición es esencial en la justicia transicional porque busca que las violaciones graves a los derechos humanos no se repitan en el futuro. Según el artículo original, garantizar este derecho es uno de los pilares fundamentales junto con la verdad, la justicia y la reparación. La no repetición implica que el Estado debe adoptar medidas que erradiquen las causas estructurales que hicieron posible el conflicto, asegurando que las experiencias trágicas de las víctimas no se reproduzcan en nuevas generaciones. En el contexto colombiano, la demora en los procesos alimenta la frustración social y limita los avances en reconciliación, tal como advierten organismos de derechos humanos y la Comisión de la Verdad. Por tanto, avanzar en la no repetición requiere respuestas estatales efectivas y sostenidas, además de una justicia ágil que brinde confianza a la sociedad y a las propias víctimas.

¿Qué significa justicia transicional y cómo se diferencia de la justicia ordinaria? El concepto de justicia transicional se refiere a mecanismos judiciales y no judiciales diseñados específicamente para contextos posteriores a conflictos armados o dictaduras, donde se busca juzgar crímenes graves, reparar a las víctimas y reconstruir la sociedad. A diferencia de la justicia ordinaria, que aplica leyes y procedimientos regulares en tiempos de paz, la justicia transicional utiliza procedimientos especiales, como los contemplados en la Ley de Justicia y Paz de Colombia, con el propósito de lograr resultados integrales en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La principal diferencia radica en su enfoque hacia la reconciliación y las transformaciones sociales estructurales necesarias para alcanzar la paz. Mientras la justicia ordinaria busca sancionar delitos individuales, la justicia transicional prioriza el esclarecimiento de patrones de violencia, aborda crímenes de masas y se compromete a ofrecer respuestas colectivas que permitan superar los traumas de la guerra y reconstruir el tejido social.