'Francisco Uribe Noguera se declararía insolvente para no responder a los Samboní'

De ello hay indicios, plantea el columnista de Semana Daniel Coronell.

El apartamento 603 del edificio Equus 64, donde estuvo su hermano Rafael el día que secuestró, violó y asesinó a la niña de 7 años Yuliana Samboní está siendo objeto de maniobras para que Francisco no aparezca como propietario y, por lo tanto, no pueda ser embargado.

Coronell cita una carta de la notaria 21 de Bogotá, revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, en la que se advertía que el apartamento se iba a dar en ‘dación de pago’ por quien aparece como titular en el certificado de libertad: la firma Lascaux Construcciones.

La figura de la dación de pago significa que “alguien entrega una cosa a cambio de saldar una deuda o un pago pendiente”.

Lo que llama la atención es quién es el supuesto deudor y el supuesto acreedor en esta transacción.

Según registros de la Cámara de Comercio de Bogotá –dice Coronell–, Lascaux Construcciones es de propiedad por partes iguales de Francisco Uribe y el también abogado Luis Alfredo Barragán Arango, quién es “líder del equipo de Litigios, Arbitraje e Insolvencia” de la firma de abogados Brigard & Urrutia.

Los dos serían los supuestos deudores.

Y el acreedor, y quien recibiría el apartamento para saldar la deuda, sería la sociedad Asturi S.A.S. Lo llamativo y que genera todas las suspicacias del caso es quién aparece como dueño de esa empresa: el mismísimo abogado Luis Alfredo Barragán Arango.

“Justo la clase de abogado que necesitaría alguien que quiera evitar un eventual embargo”, dice Coronell.

Tanto Francisco Uribe Noguera como Luis Alfredo Barragán adquirieron notoriedad por las maniobras que hicieron para que el ingenio Riopaila Castilla “juntara irregularmente antiguos baldíos en el Vichada para armar latifundios dedicados a la plantación de palma”, dice Coronell.

Uribe Noguera justificó la maniobra legal con la que explicaba la acumulación de baldíos en el Vichada por parte de los ingenios azucareros (a los que representaba), y que supuestamente estaban destinados a los campesinos sin tierra, con la desafortunada frase: esas son “actuaciones de abogados sofisticados” para poder favorecer a sus clientes.

La presencia del abogado Barragán Arango también llama la atención a la luz del pronunciamiento de la prestigiosa firma de abogados Brigard&Urrutia, que luego del crimen dijo que tampoco prestaría asesoría en el caso.