JEP dicta primeras sentencias restaurativas a exlíderes de las FARC: ¿justicia, impunidad o reconciliación?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), establece tras el histórico acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entra en una etapa decisiva con la publicación de sus primeras sentencias dirigidas a exlíderes guerrilleros responsables de secuestros masivos durante el largo conflicto armado. Este hecho representa un paso fundamental dentro del proceso de justicia transicional, cuyo objetivo principal va más allá del castigo formal: busca reparar a las víctimas y reconstruir la memoria histórica del país, después de más de cinco décadas de violencia.

La siguiente semana, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP comunicará las sentencias restaurativas para siete exmiembros del Secretariado de las FARC, a quienes responsabiliza por la política dirigida y sistemática de secuestro, en particular por el emblemático caso del secuestro de 12 diputados del Valle del Cauca ocurrido en 2002. Estas sentencias no contemplan la prisión, sino que se basan en penas de trabajos restaurativos durante cinco a ocho años, acompañadas de ciertas restricciones a las libertades de los sentenciados. Esta decisión reconoce la cooperación voluntaria de los exguerrilleros y la entrega total de información, según consignan medios como 90minutos (15-09-2025).

El modelo restaurativo adoptado por la JEP se inserta en un contexto de justicia transicional que trata de equilibrar la búsqueda de verdad, reparación y garantías de no repetición, con la complejidad política y social del periodo posterior al conflicto armado. De acuerdo con el International Center for Transitional Justice (2023), este enfoque aspira a "saldar las heridas del conflicto desde la verdad y la reparación, evitando la mera retribución punitiva que podría generar divisiones irreparables". A pesar de sus intenciones, el modelo enfrenta críticas y debates públicos respecto al riesgo de impunidad y su capacidad para brindar justicia genuina y favorecer la reconciliación, como ha señalado Human Rights Watch (2024).

Desde su institucionalización en abril de 2017, la JEP ha puesto en marcha 11 macrocasos, investigando más de 250.000 hechos criminales relacionados con aproximadamente 15.000 personas, entre exguerrilleros, integrantes de las fuerzas armadas y actores paramilitares. Se destacan casos emblemáticos: el 001, centrado en los secuestros cometidos por las FARC; el 003, relativo a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos"; y el 007, sobre el reclutamiento de menores de edad, todos ellos emblemáticos en la reivindicación de las víctimas y la reconstrucción de la memoria colectiva (90minutos, 15-09-2025).

Un aspecto innovador de la JEP reside en la participación activa de las víctimas. Estas cuentan por primera vez con mecanismos establecidos para presentar sus testimonios y demandas de reparación directamente ante el tribunal, aspecto que ha sido destacado académicamente y por organismos internacionales. La Unión Europea, que ha aportado 3,5 millones de euros para contribuir al fortalecimiento de la JEP y facilitar la participación de víctimas desde 2020, reconoce este tribunal como un mecanismo innovador de justicia transicional con potencial para convertirse en referente internacional (UE, 2020).

Sin embargo, los desafíos para la JEP y el Estado persisten. La necesidad de brindar protección efectiva tanto a las víctimas como a quienes comparecen, responder a los constantes cuestionamientos políticos y jurídicos, y fortalecer los recursos e institucionalidad, especialmente en asuntos vinculados al enfoque de género y violencia sexual, constituyen tareas pendientes según el Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad de los Andes (2023).

La emisión de estas primeras sentencias contra excomandantes de las FARC trasciende el ámbito legal, ya que somete a prueba tanto a la JEP como a la sociedad colombiana en su capacidad de afrontar el pasado con modelos de justicia restaurativa y de construir garantías de convivencia futura. Este momento desafía el delicado equilibrio entre verdad, responsabilidad, reparación y paz sostenible, al tiempo que subraya la importancia de la vigilancia internacional y el monitoreo de las decisiones adoptadas.

Así, tras siete años y medio de funcionamiento, la JEP inicia la consolidación de su mandato como una jurisdicción encargada de juzgar los “crímenes más graves y representativos”, mostrando avances concretos y abriendo el debate sobre el impacto y la posibilidad de replicar este modelo en otros contextos de posconflicto latinoamericano (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2024).

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la JEP en el corto plazo? La pregunta surge ante la magnitud del trabajo pendiente para la JEP. Aunque se destacan avances en la investigación y juzgamiento de crímenes graves, persisten desafíos relacionados con la protección de víctimas y comparecientes, las críticas políticas, y la necesidad de ampliar enfoques diferenciales sobre género y violencia sexual. Estos retos definen la agenda inmediata de la JEP y son cruciales para la consolidación de la paz y la percepción social de legitimidad del modelo de justicia transicional en Colombia. Superarlos será determinante para el cumplimiento pleno de los acuerdos de paz.

¿Qué significa el enfoque restaurativo de la justicia transicional en la JEP? El término “enfoque restaurativo” alude a una forma de justicia que privilegia la reparación, la verdad y la reconciliación por encima del castigo tradicional. En la JEP, este enfoque se traduce en sentencias que, en lugar de privar de libertad a quienes reconocen responsabilidad y colaboran, imponen trabajos y medidas reparadoras para las víctimas y sus comunidades. La apuesta busca sanar el tejido social roto por la guerra, combinando verdad, reparación colectiva y no repetición, en sintonía con estándares internacionales y los acuerdos alcanzados en 2016.