Investigan a 8 congresistas por casos Odebrecht y ‘cartel de la toga’

La Procuraduría informó que a 2 de ellos los indaga por aparente financiamiento de campañas con dinero de una EPS, y por corrupción.

El anuncio lo hizo este martes la Procuraduría General de la Nación, que dijo que encontró pruebas suficientes para investigar a 6 senadores y a 2 representantes a la Cámara.

Entre los investigados por supuestamente recibir dineros de la firma Odebrecht, para beneficiarla en la adjudicación del contrato Concesión Ruta del Sol II, están el senador Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical), el exsenador Plinio Olano Becerra (expresidente del Partido de la U) y el representante Ciro Antonio Rodríguez (Partido Conservador).

En cuanto a los vinculados al ‘cartel de la toga’, escándalo que salpicó a varios magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema, la Procuraduría indaga a los senadores Hernán Andrade Serrano (Conservador), Álvaro Antonio Ashton (Partido Liberal) y Musa Abraham Besayle (Partido de la U).

La senadora Yamina Pestana (Conservador) es investigada porque presuntamente financió su campaña al Congreso (2014-2018) “con dineros de la EPS Indígenas Manexka, donde las autoridades investigan un presunto saqueo que supera los 7.000 millones de pesos con recobros injustificados, afiliados fantasma, personas fallecidas quienes seguirían recibiendo servicios, y un supuesto cartel de cirugías”, dice la Procuraduría en un comunicado.

La última en la lista es la representante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez (Centro Democrático), que según el órgano de control habría cobrado “dineros a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y por la presunta recepción de dinero a cambio de ‘engavetar’ un proyecto de ley para demorar el trámite legislativo de la iniciativa, que introducía cambios en las evaluaciones sicológicas para los empleados de las empresas de vigilancia del país”.

Así las cosas, la Procuraduría ordenó recolectar pruebas y testimonios para continuar con el proceso formal de investigación, en el que los involucrados “podrán solicitar ser escuchados en versión libre y espontánea”.