Podría naufragar investigación a Santos y Zuluaga por caso Odebrecht

El 15 de julio vencen los términos para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente los resultados de las indagaciones preliminares.

Pero hasta el momento solo hay un informe de 75 páginas que el magistrado Carlos Camargo, encargado de investigar la campaña presidencial del excandidato Óscar Iván Zuluaga en 2014, presentó ante ese tribunal electoral, mientras que para el expediente de la campaña Santos Presidente 2010 la magistrada Ángela Hernández, designada para ese caso, no ha presentado reportes.

Al menos eso es lo que el periodista Norbey Quevedo denuncia a través de El Espectador con la advertencia de que un acuerdo para mantener la reserva documental hasta el 18 de junio de 2022 entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha sido una de las razones para que el CNE no pueda concluir la investigación dentro de los términos legales.

Además, dice Quevedo, la sala plena del Consejo Nacional Electoral decidió que para aprobar la apertura de la investigación, para el caso de la campaña del Óscar Iván Zuluaga, se requerían “nuevos documentos de la Fiscalía, la composición Societaria de algunas empresas extranjeras vinculadas a la indagación preliminar como Topsail y Opsail Holdings, y la obtención del testimonio ante el CNE de Duda Mendonça”.

Es decir, prácticamente unos imposibles ya que la mayoría de los documentos están en poder de la fiscalía estadunidense, otros están bajo recaudo de las autoridades brasileras y es improbable que Mendonça declare ante los magistrados del CNE.

Sobre la indagación preliminar a la campaña Santos Presidente 2010 es poco lo que se puede decir. Que es menos extensa en relación a la de Zuluaga y que en concreto no hay nada para mostrar, dice Quevedo.

Las dos campañas están bajo sospecha de haber sido receptoras de aportes no autorizados (y con fines ilegales) de la constructora Odebrecht. La Fiscalía descargó la responsabilidad de la investigación en el Consejo Nacional Electoral, un órgano netamente político, para aclarar las responsabilidades.