Petro defiende a coronel de Policía que habría negado apoyo a policías secuestrados

Sin haberse cumplido un mes desde que el país se estremeció al ver las imágenes de 79 policías secuestrados y humillados por la denominada ‘guardia campesina’ en el corregimiento Los Pozos de San Vicente del Caguán (Caquetá), el asunto se volvió a sacudir este jueves desde dos frentes distintos.

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En esa ocasión, Colombia también quedó estupefacta cuando el ministro del Interior, Alfonso Prada, contra todas las evidencias y los testimonios de los desmoralizados uniformados, aseguró que lo que hubo allí no fue un secuestro, sino un “cero humanitario” que buscó salvaguardar la vida de los uniformados.

Prada no consideró que el subintendente de la Policía Nacional Ricardo Arley Monroy Prieto fue degollado y su cuerpo dejado por horas en el lugar donde permanecían sus compañeros. A este y otros vejámenes fueron sometidos los uniformados.

Precisamente, fueron las declaraciones del director de la Policía, general Henry Sanabria, las que volvieron a alborotar el avispero este jueves. El oficial, primero, admitió que los policías sí fueron secuestrados, pero además dijo que Prada se había canjeado para que los uniformados pudieran salir. Sin embargo, el ministro no tardó en desmentir a Sanabria, en un hecho que evidencia fallas en la comunicación dentro del Gobierno.

En segunda instancia, el juez 131 penal militar ordenó capturar al coronel Javier Castro, comandante de Policía de Caquetá, por omisión de apoyo a los 79 policías secuestrados. La Procuraduría y la Fiscalía habían abierto indagaciones para verificar si los comandantes no brindaron apoyo ni refuerzos a los subalternos secuestrados en el marco de las protestas contra la petrolera Emerald Energy.

En ese momento, se conoció el siguiente diálogo entre un uniformado y un general de la Policía. El angustioso llamado es una de las pruebas para sustentar la tesis de negación de apoyo a los uniformados secuestrados en Caquetá.

—Mi general, Dios y Patria. ¡¿Mi general, qué pasa?! Un apoyo —dice un subalterno—. ¡Dos horas aguantando, mi general! Dos horas, mi general. Tengo un compañero gravemente herido, mi general. ¿Qué pasa? ¡El Ejército no sirve para un culo! Tienen que mandar al Encar [grupo de carabineros] que nos apoyen… Dos horas esperando un helicóptero.

—Bájele al tono. Mantenga, por favor, la compostura —responde el general al desesperado subalterno.

—Central, vamos a dejar constancia. Espero que las estaciones estén grabando. No hay derechos humanos para la Policía, no hay derechos humanos —dice el subalterno.

—Mantenga la calma —insiste el general.

—No existen [los derechos humanos]. ¡Ya tenemos un compañero muerto, central! —implora el subalterno—. ¡¿Qué estamos esperando, central, que nos acaben a todos?! ¡No puede ser posible!

El coronel Castro había sido citado a indagatoria, pero no fue ni dio a conocer el motivo de su inasistencia a la diligencia. En todo caso, esta citación hizo que el presidente Gustavo Petro se pronunciara, aunque en un tono que resulta extraño para las democracias en las que la división de poderes es el principal sustento del Estado.

Qué dijo Gustavo Petro sobre los jueces

En Twitter, Petro empezó por decir, en tono imperativo: “No quiero jueces que presionen que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos, o se masacre a los manifestantes”, sin considerar que, si bien la Justicia Penal Militar (JPM) no integra la rama judicial, tampoco depende de la fuerza pública, de la cual Petro es el comandante supremo.

La JPM administra justicia en los términos del Artículo 116 de la Constitución y no depende de la fuerza pública, según el Artículo 221 de la misma Carta.

Al tiempo, Petro escribió (se transcribe textualmente): “Mis tropas jamás bombeardarán niños. Repondo ante el juez miliitar que juzga a mi jefe de policia en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil”. Además, volvió a insistir en su responsabilidad por la actitud de la fuerza pública.

“Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá”, y anunció la contratación de “los mejores juristas internacionales” para defender “a los oficiales de policía que defiendan los derechos humanos en Colombia”.