Por posible obstrucción a la justicia, Fiscalía pide cárcel para expresidentes de Reficar

Los directivos son investigados por irregularidades en los estados financieros que presentó la compañía en los últimos años.

Reyes Reinoso Yáñez estuvo al frente de la refinería de Cartagena en el periodo 2012- 2016 y “es el presunto autor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público”, señaló la Fiscalía.

Entre tanto, el expresidente de la empresa Orlando José Cabrales, y el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales Navarro, deben responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La solicitud de la medida también cobija al exdirector de Proyectos y representante legal CB&I Massoud Deudehban. El empresario estadounidense habría estado involucrado en el “desfalco a Reficar a través de la modernización de su infraestructura, en la cual se ocasionaron sobrecostos por un valor superior a los $610.140 millones”, indicó el ente investigador.

“Existió el direccionamiento de la contratación para beneficiar a CB&I, violando el régimen de contratación aplicable para la época, no obstante de entidad pública con recursos de los colombianos”, agregó la entidad.

El vicepresidente jurídico, Felipe Laverde, también debe responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

La Fiscalía considera que estas personas podrían incurrir en obstrucción a la justicia y el evidente riesgo de no acudir a las citaciones “por la gravedad y cantidad de los delitos”.

Los empresarios están vinculados a la investigación por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, supuestamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010.

Es decir, “los señores Cabrales, Laverde Concha y Rosales Navarro no verificaron el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato EPC de 2007, toda vez que no lo liquidaron como debió ser de acuerdo con la ley de contratación estatal”, según evidencia la investigación.

El fiscal del caso mostró en audiencia pública una serie de audios y declaraciones de testigos que los involucran a estas personas con los hechos. La decisión sobre si se otorgan o no estas medidas de aseguramiento se tomarán en las audiencias del 14 y 15 de noviembre.