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El fallo de tutela ordenó proteger el derecho al trabajo de mujeres que prestan servicios sexuales en Chinácota, Norte de Santander.
El local en el que trabajaban las mujeres, Taberna Barlovento, había sido cerrado por la Alcaldía de ese municipio, que argumentó, entre otras cosas, que el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- no permitía ese uso.
La alcaldesa de Chinácota rechazó el fallo y dijo que no solo afecta a su municipio.
“El problema es el alcance que tiene este fallo no solo para Chinácota sino para Colombia, porque se ahí se pueden pegar todas las trabajadoras sexuales que no solo vienen de Venezuela sino de cualquier país del mundo porque tendríamos que legalizarlas”, dijo la alcaldesa Nubia Romero.
El fallo de la Corte no solo ordena reabrir el local, previo cumplimiento de los requisitos legales, sino conmina a Migración Colombia a expedir de forma rápida la documentación que les permita permanecer y trabajar en el país.
Pero medios como ‘La W’ fueron más allá de la interpretación de que el fallo protegía solo a las trabajadoras sexuales, planteando que, en realidad, abría un boquete para la migración masiva de venezolanos.
El periodista Juan Pablo Calvás citó un artículo del fallo de la Corte Constitucional que dice que se solicitará a la Defensoría del Pueblo y a Migración Colombia… “analizar el caso en concreto de cada una de las personas extranjeras que encuentren realizando actividades de prostitución. No es permisible, ni aceptable, bajo los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se hagan deportaciones masivas, sin analizar la situación particular de cada persona. Los migrantes que sean encontrados, deben ser protegidos de forma plena, garantizándoles el ejercicio de sus derechos, la obtención de la documentación necesaria para permanecer en el territorio colombiano y, de ser el caso, la calificación de refugiados”.
Lo que dice la Corte es que las personas que están huyendo de Venezuela por razones socioeconómicas deben tener la protección de Colombia para que migración Colombia les entregue licencia (sic) y ellas puedan trabajar dignamente, no solo para prostitutas”,
dijo el periodista Alberto Casas.
En la misma línea de interpretación, la periodista Camila Zuluaga dijo: “Cualquier venezolano que entre a Colombia por razones socioeconómicas tiene que recibir el beneficio migratorio por parte de nuestro país”.
El periodista Juan Pablo Calvás fue más radical, asegurando que “en ese punto la decisión de la Corte sí es muy amplia y termina abriendo las puertas para que pueda llegar cualquier persona a Colombia desde Venezuela, y cualquier otro país y, clamando el derecho internacional, y la situación por la que está atravesando Venezuela, y pedir incluso que sean declarados refugiados con las implicaciones que eso tiene para el Estado colombiano. La sentencia le garantiza el derecho de refugio y que pueda trabajar con todas las condiciones legales”.
Para Calvás, esto puede abrir “un boquete en términos humanitarios” porque Colombia no está preparada para recibir una oleada de venezolanos que podrían encontrar más fácil conseguir la documentación reglamentaria.
Según el periodista, esto podría significar el ingreso súbito de miles de venezolanos.
Claramente, el fallo de tutela protege los derechos de las prostitutas venezolanas de Chinácota pero, como ocurre en el sector salud, podría abrir la puerta para que otros venezolanos acudieran a la tutela para conseguir la misma protección.
En Colombia, hay un millón 200 mil colombianos, según cifras de la Asociación de Venezolanos en Colombia, entre legales e ilegales, aunque –obviamente- las cifras oficiales registran un número menor.
Muchos en Colombia (como expresaron algunos miembros de la mesa de La W) creen que el país debe ser solidario y recíproco con Venezuela, que en sus buenos tiempos llegó a recibir más de 4 millones de colombianos.
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