Fiscalía acusó a expresidente de importante aerolínea por irregularidades en contrato

La Fiscalía acusó formalmente al mayor general en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana y expresidente de la aerolínea Satena, José Javier Pérez Mejía, de realizar un contrato presuntamente sin cumplir con todos los requisitos legales, en su contenido habría varias irregularidades. Según la entidad, el valor del proyecto ascendía a 243 millones de pesos y buscaba adecuar talleres de mantenimiento, aulas de entrenamiento y sala de juntas de la Dirección Técnica.

El ente investigador explicó que se trata de un contrato de obra civil de marzo de 2010, en el cual se logró identificar varias anomalías durante su creación. La Fiscalía, que suspendió orden de captura a cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’ señaló que por ejemplo había estudios de conveniencia del proyecto incompletos, los precios de mercado estarían alejados de los que sugiere el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE) y además harían falta especificaciones técnicas y de calidad de los elementos que se comprarían.

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Por otra parte, se evidenció que cuando se realizó la publicación del pliego de condiciones y la evaluación de las propuestas se habrían vulnerado los principios de transparencia y publicidad, pues estos fueron compartidos en fechas diferentes a las que se habían fijado inicialmente. Finalmente, por estos motivos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia realizó la acusación del expresidente y exrepresentante legal de la aerolínea.

Satena, que tendrá nueva flota de aviones, es una aerolínea comercial, de propiedad del Estado, que fue fundada el 12 de abril de 1962. Por la pandemia, tuvo un cese de operaciones regulares desde marzo y hasta agosto. En septiembre de 2020 retomó sus servicios comerciales. Sin embargo, a lo largo del 2020 estuvo apoyando con operaciones de transporte de pasajeros y carga tanto a nivel nacional como internacional. A finales de ese año, el entonces presidente Iván Duque anunció que el Gobierno capitalizaría la aerolínea con $ 40.000 millones. Posteriormente, el actual presidente Gustavo Petro propuso usar esta aerolínea para ayudar a los viajeros afectados por el cese de operaciones de Viva Air en 2023.