Ascensos docentes y nuevas evaluaciones en Colombia: ¿avance profesional o reto para el magisterio?

El Ministerio de Educación de Colombia, a través de la resolución 018987 de 2025, ha definido un proceso nacional de evaluación docente con el fin de facilitar el ascenso de grado y la reubicación salarial en el escalafón profesional. La medida publicada el 18 de septiembre de 2025 involucra a más de 40.000 educadores distribuidos en 59 municipios, y su propósito central es reconocer formalmente el desempeño y la labor educativa, abriendo la puerta a mejores condiciones profesionales y económicas para el magisterio nacional. Esta acción adquiere especial relevancia en el panorama educativo actual, donde las necesidades de valorización y formación continua para los educadores constituyen desafíos clave para asegurar la calidad del sistema educativo, según lo estipula el propio Ministerio de Educación.

El procedimiento establecido se caracteriza por su profundidad y rigor. Consiste en tres componentes principales: una prueba pedagógica, una autoevaluación por escrito y la valoración de experiencia y movilidad dentro del escalafón docente. La convocatoria es exclusiva para maestros incluidos bajo el decreto 1278 de 2002, normativa que regula la carrera docente en el país. Aquellos educadores que logren superar el umbral del 80% en las evaluaciones estarán habilitados para ascender de grado o recibir una reubicación salarial. Las fases más destacadas del proceso contemplan la publicación de la lista de habilitados en octubre de 2025, la citación a la prueba pedagógica en diciembre y su aplicación final durante febrero de 2026, como señala el propio texto legal.

Esta política pública debe comprenderse dentro de un contexto más amplio de esfuerzos nacionales e internacionales por reforzar la carrera docente, tal como lo señala el Banco Mundial en su informe de 2023 sobre educación en Latinoamérica. El documento subraya que mejorar la calidad y el reconocimiento de los maestros es esencial para impulsar la equidad educativa en la región, un objetivo relevante para Colombia ante la persistencia de desigualdades y brechas en el sistema escolar. Expertos coinciden en que procesos de evaluación rigurosos, sustentados tanto en criterios cuantitativos como cualitativos, pueden contribuir a este propósito si se llevan a cabo de manera justa y transparente.

Sin embargo, la resolución 018987 no ha estado exenta de críticas. De acuerdo con un reportaje de El Espectador sobre protestas recientes, algunos sectores sindicales y académicos han alertado sobre los riesgos de presión excesiva e incluso estrés laboral que estas evaluaciones suponen, especialmente para docentes que trabajan en contextos de vulnerabilidad social y ruralidad. Estas críticas insisten en la necesidad de incorporar apoyos efectivos y métodos de evaluación integrales que reconozcan la diversidad de realidades en las aulas colombianas.

Voces especializadas, como la de la profesora Dora Mazo, destacan la importancia de que el proceso no se reduzca a un simple ascenso salarial, sino que también promueva la formación continua y el acompañamiento permanente del docente en su crecimiento profesional. Esto implica valorar procesos como la autoevaluación y la retroalimentación formativa dentro de la política educativa. Finalmente, la experiencia internacional seleccionada por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sugiere que el éxito de estos procesos radica en combinar evidencias múltiples y fomentar una cultura institucional de mejora continua. La resolución 018987, entonces, podría marcar un avance significativo, siempre y cuando logre atender los retos señalados y establecer un equilibrio entre evaluación rigurosa, participación docente y reconocimiento a la diversidad de contextos educativos en Colombia.

Esta pregunta surge debido a que el proceso de evaluación y ascenso mencionado en el artículo aplica únicamente a los docentes que se rigen por el decreto 1278 de 2002, la principal norma que regula la carrera docente en Colombia. Entender cómo este marco legal estructura el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento profesional de los maestros resulta esencial para comprender tanto las oportunidades como las limitaciones del proceso en curso. Así, se revela la importancia del decreto como base legal para los procesos de profesionalización y reconocimiento de los docentes.

El impacto que tiene el decreto 1278 de 2002 se vuelve especialmente relevante en un contexto de reformas educativas y expectativas de mejora en la calidad docente. Al centrarse exclusivamente en este grupo, la evaluación puede dejar por fuera a maestros vinculados bajo otras normativas, lo que ocasionalmente alimenta debates sobre equidad y acceso en el sistema educativo. Por eso, analizar el alcance y las implicaciones del decreto permite entender mejor los debates actuales sobre la estructura profesional del magisterio colombiano.

Esta pregunta es pertinente porque el artículo hace alusión a la importancia de que la evaluación docente no se reduzca a un examen único, sino que incorpore mecanismos de autoevaluación y retroalimentación formativa. La expresión "evaluación formativa" hace referencia a estrategias de valoración que buscan identificar fortalezas y necesidades de los educadores para orientar su desarrollo profesional, en lugar de limitarse a una simple calificación.

Comprender el concepto de evaluación formativa permite dimensionar cómo este enfoque puede contribuir a la mejora continua del desempeño docente, promoviendo espacios de reflexión, diálogo profesional y acompañamiento permanente. Es un tema de interés tanto para los propios educadores como para expertos en políticas públicas, pues una evaluación centrada en la formación y el crecimiento profesional asegura una mayor calidad y sostenibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo colombiano.