Economía
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Un video publicado por Noticias RCN deja en evidencia cómo inescrupulosos negocian con los certificados que involucran, incluso, a respetados centros médicos.
Se trata de una calle del barrio Olaya, en la localidad de Tunjuelito, suroriente de Bogotá, donde supuestos tramitadores y trabajadores de la salud ofrecen un “catálogo de servicios” que incluye certificaciones de incapacidad, fórmulas médicas y resultados de pruebas de coronavirus, todos documentos falsificados, dijo el noticiero.
Con cámara al hombro, periodistas de ese medio de comunicación recorrieron el sector y comprobaron que por sumas que oscilan entre los $ 40.000 y $ 120.000, se puede acceder con toda facilidad los fraudulentos certificados para justificar una inasistencia al trabajo o engañar a los empleadores.
Uno de los periodistas se atrevió incluso a ingresar al consultorio de uno de los supuestos médicos y este le explicó cómo hacer para que el fraude con una falsa incapacidad fuera más creíble.
En dicho mercado ilícito, según el mismo noticiero, también se negocia con pruebas positivas o negativas de COVID-19 que, tal como lo muestra el video con la denuncia, son vendidas con la promesa de ser cargadas a las bases de datos de prestigiosos centros médicos.
El informativo advierte sobre las consecuencias de estos ilícitos en cuanto al riesgo que representa un falso negativo de coronavirus no reportado a las autoridades sanitarias y, por supuesto, respecto a lo que estos engaños implican para las empresas.
Pero, además, cabe recordar que la falsificación, por ejemplo de certificados de incapacidad médica, podrían implicar para el empleado que incurra en fraude, la terminación del contrato laboral por justa causa y hasta procesos y sanciones penales por la comisión de delitos como falsedad y/o peculado contra los recursos de la seguridad social.
Prueba de esto último es el reciente caso de una mujer que fue condenada a 16 meses de prisión por el delito de falsedad en documento privado, luego de que se descubriera que una incapacidad médica, supuestamente autorizada por una médica de la EPS Salud Total, había sido falsificada por un tercero y presentada por la trabajadora ante su empleador para justificar su ausencia laboral por un día, informó El Tiempo en su momento.
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