Desacuerdos entre Claudia López y Gobierno por protocolo de protestas

El primer desacuerdo que López señaló, en Blu Radio, fue la iniciativa para prohibir que los manifestantes usen pasamontañas, o caretas que les cubran la cara y dificultan su identificación.

Para la alcaldesa es inconstitucional que el Estado les diga a los ciudadanos qué prendas deben utilizar en las protestas (y en cualquier escenario) por lo que aseguró en la emisora que ese punto es improcedente e inconveniente.

Otro de los planteamientos que la burgomaestre de Bogotá rechazó tiene que ver con una póliza que, en el protocolo del Gobierno, los organizadores de las manifestaciones deben adquirir para cubrir daños que se puedan presentar.

“[La póliza] Es considerar a los ciudadanos peligrosos. Si usted quiere hablar, movilizarse en la calle, presuponemos que usted es un vándalo peligroso, luego nos tiene que dar una póliza para cubrir los daños que usted va a hacer”, dijo López.

Pero además, la alcaldesa de la capital aseguró en la radio que la Policía pretendía quitarles facultades a los mandatarios locales, para dar órdenes a la Fuerza Pública durante movilizaciones.

Según lo que mencionó en la entrevista, otra propuesta era que el comandante de la Policía decidiera “discrecionalmente” cuando intervenía el Esmad, facultad que pertenece a los alcaldes de las ciudades.

“Si a alguien le cabía duda de que el Gobierno Nacional estigmatiza la protesta social no es sino que lea esa propuesta de protocolo”, agregó la mandataria de Bogotá.

López dijo en la radio que el protocolo que presentó el Gobierno era tan inviable, que la reunión que hicieron, donde se suponía debían llegar a un acuerdo para garantizar las manifestaciones (por orden de la Corte Suprema de Justicia), se utilizó para planear cómo solicitarle al alto tribunal más tiempo para expedir las medidas.

La orden que deben cumplir la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional se dio luego de las denuncias de abuso de autoridad que se presentaron en las movilizaciones del 10 y 11 de septiembre, en rechazo a la muerte de Javier Ordóñez.

En esas protestas, que terminaron en graves disturbios, murieron 14 personas y más de 300 (entre policías y civiles) quedaron heridas.

Eso, sin contar los comerciantes de Bogotá que fueron saqueados por vándalos armados con pistolas.