Petro y miembros del Gobierno fueron denunciados por su (o)misión en protestas de Caquetá

La Corporación Colombia Transparente se fue hasta el despacho del fiscal general Francisco Barbosa para inteporner una demanda contra el presidente Gustavo Petro, varios ministros y hasta algunos miembros de la Fuerza Pública por la gestión que hicieron en el departamento de Caquetá, donde murió un policía y más de 70 uniformados fueron secuestrados por la guardia campesina, según informó Caracol Radio.

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De acuerdo con el relato de la denuncia replicada en la emisora, hay serios reparos por las presuntas omisiones de los altos mandos de las Fuerzas Militares a cargo justamente del presidente de la República; el ministro de defensa, Iván Velásquez; y del Interior, Alfonso Prada, gestos que son constitutivos de un delito y que merecen una investigación del ente acusador.

“Por la omisión e incumplimiento del deber de actuar con diligencia y cuidado en sus obligaciones institucionales, relacionadas con la debida planeación, coordinación y apoyo en zonas de crisis para la preservación del orden público, la protección de los derechos humanos y la garantía de la vida, después de 40 días de acciones violentas en el sector de los Pozos en san Vicente del Caguán”, dice una parte de la denuncia expuesta por la cadena radial.

Si bien la Fiscalía no tiene la competencia para investigar al presidente, será la Comisión de Acusaciones la que verifique si en las órdenes que se dieron para evitar la violencia en el Caquetá, el presidente incurrió en alguna omisión. 

Sergio Alzate, el denunciante y representante de la Corporación Colombia Transparente, aseguró en el citado medio que el Gobierno Nacional era consciente de la situación que estaba por estallar en el Caquetá y aún así dispusieron de un grupo de 70 uniformados que para él fue insuficiente, lo que facilitó que más de 400 campesinos armados los acorralaran de forma indiscriminada. 

Al respecto, el fiscal Barbosa indicó que se abrió una investigación para determinar, no solo los responsables del asesinato del policía, el secuestro de los uniformados y la posible omisión de varios funcionarios del Gobierno y de la Fuerza Pública en las advertencias que fueron hechas por la comunidad.