Protesta por demolición de colegio en Río de Oro: padres y estudiantes exigen transparencia y respeto a sus derechos

La reciente disputa en el municipio de Río de Oro, Cesar, por la demolición de los salones de bachillerato del colegio Alfonso López Pumarejo, ha desencadenado una protesta significativa por parte de la comunidad educativa. Este colegio, que cuenta con 756 alumnos y es el de mayor población en la zona urbana, ha sobresalido por ofrecer formación técnica en Informática y Sistemas mediante una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo que le ha permitido convertirse en un referente educativo regional, según datos del propio plantel. La situación trascendió cuando padres y estudiantes supieron por redes sociales, y no por medios oficiales, sobre la posible demolición de parte de la infraestructura escolar para dar paso a la construcción de un hospital local, lo que generó inmediata preocupación. De acuerdo con testimonios como el de Katia Durán, madre y egresada del colegio, el principal problema radica en la falta de transparencia y comunicación de parte de la Alcaldía, algo habitual en zonas donde los predios educativos suelen estar en disputa entre diferentes entidades del Estado.

El conflicto adquirió matices legales y administrativos después de que la rectora detectó, durante la gestión de un convenio académico, que el terreno del colegio había sido oficialmente cedido al Hospital de Río de Oro, sin consulta ni notificación a la comunidad. Tal hecho fue confirmado por diferentes padres, quienes exigieron documentos y estudios que fundamentaran la supuesta urgencia de la demolición, en ausencia de informes técnicos o diagnósticos públicos por parte de la Alcaldía. La carencia de pruebas documentales genera escepticismo sobre la verdadera necesidad de la intervención y deja sin respuesta inquietudes relevantes sobre la seguridad y el adecuado uso del espacio educativo, conforme a los testimonios recopilados en el proceso.

Las consecuencias para los estudiantes serían notorias. El plan de reubicación pretende desplazar a los adolescentes de bachillerato a salones de primaria, a pesar de que no existe espacio suficiente ni condiciones para acomodar adecuadamente a los 756 alumnos, sumado a la pérdida de laboratorios, salas de sistemas y oficinas administrativas. A esto se suma la propuesta de trasladar la jornada al turno nocturno, sin precisar cómo se afectaría la alianza con el SENA y la logística escolar, una medida que, según aclaran los padres, complicaría aún más el acceso y la calidad educativa para los jóvenes del municipio.

La reacción institucional fue limitar la participación: en la reunión convocada para abordar el tema, se excluyó a estudiantes, egresados y padres, y posteriormente algunos acudientes recibieron citaciones de la Comisaría de Familia relacionadas con la protesta. Esto ha sido percibido como una maniobra intimidatoria, reforzando el clima de desconfianza y el temor a que las decisiones sobre la educación local se estén tomando sin consultar a quienes más las padecen.

Este caso, sin embargo, no es único en el contexto colombiano. El Ministerio de Educación Nacional ha señalado que persisten dificultades para garantizar la transparencia y la gestión participativa en los procesos que afectan la infraestructura educativa, especialmente en municipios con limitaciones presupuestales. A esto se suma la alerta de la Defensoría del Pueblo acerca de la importancia de respetar la participación comunitaria, como lo exigen la Ley 115 de 1994 y la propia Constitución Política. Las organizaciones Fundación Compartir y Red por la Educación han ejemplificado que la ausencia de socialización y análisis técnico imparcial contribuye al surgimiento de conflictos prolongados, debilitando tanto el acceso educativo como la confianza en las instituciones. Coberturas mediáticas de El Espectador y La Silla Vacía reafirman la urgencia de establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y acceso a la información para evitar que situaciones similares se repitan.

Lo que sucede en Río de Oro es una señal de alerta: la educación y la salud requieren coordinación, sí, pero no a costa de la participación ni de derechos fundamentales. Reconstruir la confianza entre las autoridades y la comunidad implica garantizar procesos transparentes, evidencia técnica y la inclusión activa de los principales afectados: los estudiantes y sus familias.

¿Por qué es importante la socialización previa en decisiones sobre infraestructura escolar? La socialización previa cumple un papel clave en conflictos como el de Río de Oro, porque asegura que las comunidades involucradas –en este caso, estudiantes, padres y docentes– conozcan y evalúen las implicaciones de proyectos que afectan directamente su entorno educativo. Sin este proceso, se abre espacio a la desinformación, los rumores y la desconfianza, dificultando cualquier posibilidad de solución consensuada y provocando, como en este caso, manifestaciones ciudadanas y denuncias por opacidad. La Defensoría del Pueblo y la Ley 115 de 1994 insisten en que la socialización y consulta comunitaria son derechos, no simple formalidad, y deben respetarse en todos los procedimientos que involucren bienes educativos.

Además, la falta de socialización puede derivar en vulneraciones a derechos fundamentales, como la educación y la participación ciudadana, generando impactos duraderos en la calidad de vida local. Las instituciones responsables, al omitir estos procesos, corren el riesgo de legitimar la percepción de arbitrariedad y perpetuar la desconfianza. Las experiencias documentadas en Colombia demuestran que la socialización oportuna y transparente es la base para construir acuerdos legítimos y sostenibles entorno al desarrollo comunitario.

¿Qué derechos protegen a la comunidad educativa en disputas de predios escolares? En escenarios como el del colegio Alfonso López Pumarejo, los derechos de la comunidad educativa están respaldados por normas como la Ley 115 de 1994, la cual regula la educación nacional, y por los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia. Estas leyes garantizan la protección del acceso a la educación, la integridad de los espacios educativos y la participación efectiva de los actores involucrados en cualquier decisión de envergadura, como cambios en la infraestructura o en la propiedad de los terrenos escolares.

La importancia de estos derechos radica en que salvaguardan tanto la continuidad del proceso educativo como la autonomía de las comunidades sobre su propio entorno. Los organismos como la Defensoría del Pueblo están llamados a intervenir cuando las autoridades no respetan la consulta previa, la transparencia o los procedimientos legales en disputas de predios. Por tanto, la comunidad educativa no solo puede, sino debe exigir información, análisis técnicos y la garantía de que sus intereses sean considerados en este tipo de decisiones.