Crisis en Rocas del Valle: familias vulnerables, incertidumbre y reclamos frente a compra de predios en Valledupar

La controversia surgida por la compra de predios en el barrio Rocas del Valle, en Valledupar, pone de manifiesto una crisis de gestión urbana que trasciende lo legal para convertirse en una cuestión de derechos fundamentales y confianza pública. Según lo presentado por el diputado Jesús Suárez ante la Asamblea del Cesar, la comunidad de Rocas del Valle, integrada en gran parte por mujeres jefas de hogar, personas desplazadas y ciudadanos con discapacidad, se enfrenta a un proceso opaco y desarticulado. Las denuncias apuntan a la escasa claridad en las ofertas oficiales y a una desconexión con la realidad social local, lo que ha incrementado la incertidumbre y el desamparo de las familias impactadas por la inminente adquisición de sus terrenos para la integración del Anillo Vial con la Avenida Sierra Nevada.

Una inversión pública superior a los 150.000 millones de pesos y un avance del 95 % en la ejecución del Anillo Vial dan contexto a la urgencia de resolver el tema de los predios en las calles 1 y 1A de Rocas del Valle. El marco legal fue establecido desde 2022 mediante un decreto de urgencia; sin embargo, relata Suárez que apenas en 2025 se destinaron recursos y se delegó la negociación al secretario General, lo que provocó demoras injustificadas. Muchas familias, además de estar desinformadas sobre sus derechos y alternativas de reubicación, reciben ofertas sustentadas en avalúos desactualizados que omiten la inflación y los impactos sociales del desplazamiento.

Estudios nacionales, como los del Observatorio de Desplazamiento Forzado (CODHES, 2023), destacan que en procesos de manejo predial urbano es imprescindible un acompañamiento social multidisciplinario, incluyendo actores fundamentales como la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En este caso, la ausencia de tales entidades eleva el riesgo de que se vulneren derechos fundamentales, se incrementen desplazamientos forzados y se quiebre el tejido social del barrio. La experiencia previa en Colombia evidencia que la exclusión y la falta de transparencia pueden traducirse en impactos negativos a largo plazo sobre comunidades vulnerables.

La situación de Rocas del Valle tiene raíces profundas, ligadas a las consecuencias del conflicto armado interno, como señala el Centro Nacional de Memoria Histórica (2021). La socialización insuficiente y el trato meramente formal en la entrega de información legal no contemplan la complejidad estructural en la que viven estas familias. Adicionalmente, la Corte Constitucional (Sentencia T-025/2004) ha advertido sobre la necesidad de asegurar participación efectiva de la ciudadanía para proteger no solo la propiedad sino también los proyectos de vida y los derechos constitucionales de los afectados.

Modelos exitosos de otras ciudades colombianas y latinoamericanas refuerzan la idea de que la gestión predial demanda planificación participativa, transparencia y adecuadas compensaciones. El caso del Metro de Medellín, citado en la Revista de Planeación Urbana de la Universidad de Antioquia (2024), ilustra cómo el diálogo y el seguimiento social pueden facilitar soluciones justas y eficientes. La ausencia de estos enfoques en Valledupar revela un déficit crítico en la manera en que se aborda la modernización urbana, perpetuando riesgos de exclusión y conflictividad social.

Así, el llamado de atención realizado por el diputado Suárez invita a que el municipio y la Gobernación del Cesar replanteen sus métodos actuales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2025), la administración de proyectos urbanos sólo puede aspirar al éxito si garantiza transparencia, dignidad para los afectados y procesos de información claros. Las demandas de las familias de Rocas del Valle no se agotan en una simple transacción económica; se trata de una exigencia de justicia, participación efectiva y respeto por sus derechos dentro del proceso de transformación urbana.

¿Qué significa "gestión predial" en el contexto de proyectos urbanos?
La gestión predial hace referencia a todas las acciones relacionadas con la administración, adquisición y manejo de terrenos que deben ser intervenidos para desarrollar obras de infraestructura. La importancia de comprender este término radica en que implica tanto la valoración y negociación de predios, como el acompañamiento social de las comunidades afectadas, garantizando sus derechos y opciones ante posibles desplazamientos o reubicaciones. Esto es esencial para evitar conflictos y salvaguardar el tejido social y la dignidad de las personas, especialmente en sectores vulnerables.

¿Por qué es importante la participación de entidades como el ICBF y la Defensoría del Pueblo en estos procesos?
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Defensoría del Pueblo cumplen roles fundamentales en la protección de los derechos de familias, niños y personas en condición de vulnerabilidad durante procesos de gestión predial. Su intervención permite identificar riesgos, asesorar a los afectados y garantizar la aplicación efectiva de estándares legales y constitucionales. Según denuncias y experiencias previas, la ausencia de estos actores puede conducir a la vulneración de derechos, desplazamientos injustificados y mayor desinformación, lo que profundiza la crisis social en escenarios de transformación urbana como el de Rocas del Valle.