Crisis de agua en Caracolí: comunidades bloquean la Ruta del Sol 3 y exigen soluciones reales

La crisis de acceso al agua potable y la precariedad en servicios básicos que vive la vereda Las Mercedes, corregimiento de Caracolí en Valledupar, ha puesto en evidencia una prolongada falta de atención institucional en las zonas rurales afectadas por grandes proyectos de infraestructura, como la Ruta del Sol 3, bajo responsabilidad de la concesionaria Yuma. Los reclamos, manifestados a través de protestas y bloqueos, propiciaron la creación de una mesa de diálogo entre miembros de la comunidad, representantes de la Alcaldía local y delegados de Yuma. El acuerdo logrado incluyó el abastecimiento emergente de agua mediante carrotanques y ciertas reparaciones en la tubería local, aunque aún quedan sin resolver proyectos prioritarios como la construcción de un sistema de alcantarillado y la rehabilitación integral de la planta de tratamiento de agua, tal como relató El Pilón.

Este caso expone una problemática habitual en muchas regiones rurales de Colombia, donde comunidades indígenas y afrodescendientes, según informes reiterados de la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, enfrentan la falta reiterada de acceso a agua potable y sistemas de saneamiento, lo cual deteriora la salud pública y la calidad de vida. Datos presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2024 estiman que el 12% de la población rural en Colombia no cuenta con suministro seguro y continuo de agua potable, y que esta carencia es más severa en corregimientos alejados de la inversión pública.

En Caracolí, la mera existencia de redes básicas, como tuberías dañadas, queda inservible debido a la falta de mantenimiento y la débil coordinación entre las instituciones responsables. A ello se suman los reiterados incumplimientos de la concesionaria Yuma frente a los compromisos sociales adquiridos durante la construcción de la vía, que incluían la adecuación de espacios recreativos y la mejora de vías secundarias, aspectos esenciales para la cohesión social y el desarrollo de la zona. Diara Guerra, líder de la Junta de Acción Comunal, señaló que a menudo las promesas de los candidatos no se materializan, lo que incrementa el clima de desconfianza y frustración dentro de la comunidad.

Comparando con otros municipios del Caribe colombiano, informes internacionales como los de la Organización Panamericana de la Salud subrayan que el progreso duradero proviene de modelos participativos de gestión hídrica, en los que tanto autoridades locales como habitantes asumen responsabilidades compartidas para operar y sostener los sistemas de agua. La asociación formal de la comunidad y el respaldo financiero y técnico de las administraciones regionales emergen como piezas fundamentales para resolver de fondo la carencia de servicios básicos.

El rezago en proyectos como el alcantarillado de Caracolí evidencia la distribución desigual de la inversión estatal, un fenómeno que afecta principalmente a zonas habitadas por comunidades afrocolombianas y campesinas. El Banco Mundial, en su reporte de 2023, resalta que tales desigualdades amplían las brechas económicas y sociales, agravando la vulnerabilidad de estos territorios frente a emergencias sanitarias y ambientales.

La labor de organizaciones como el Consejo Afro y la Junta de Acción Comunal es más que representativa: encarna una demanda ética y política en defensa de los derechos básicos, exigiendo una inclusión real en los planes de desarrollo. Los bloqueos viales seguidos de mesas de negociación reflejan una forma de resistencia pacífica a la marginalización, evidenciada por la constante invisibilización de sus necesidades por parte de la institucionalidad nacional y regional, como atestiguó Emiliano Serrano, vocero del Consejo Afro local.

La situación en Caracolí, por tanto, se inscribe en una problemática estructural aún no resuelta en el Caribe colombiano: la exclusión histórica de las zonas rurales y afrodescendientes de las políticas de inversión pública y acceso equitativo a servicios esenciales. Superar estos retos exige transparencia, voluntad política sostenida y una gestión planificada que garantice a todos los habitantes de territorios como Las Mercedes el acceso pleno a derechos fundamentales y a una vida digna.

¿Por qué es importante la gestión participativa en el acceso al agua?
La gestión participativa implica que tanto la comunidad beneficiaria como las autoridades asuman compromisos conjuntos en el cuidado, administración y sostenibilidad de los sistemas de agua. Este enfoque ha demostrado ser una alternativa eficaz para enfrentar el abandono por parte del Estado, permitiendo que sean los propios habitantes quienes lleven un control más transparente sobre el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura. Según la Organización Panamericana de la Salud, experiencias en el Caribe colombiano han mostrado que los sistemas participativos tienden a ser más duraderos y adecuados a las necesidades reales, siempre y cuando cuenten con respaldo institucional y financiero regular.

En el caso de Caracolí, implementar la gestión participativa podría fortalecer la autonomía de la comunidad y asegurar que los proyectos cuenten con la veeduría y la corresponsabilidad necesarias para su éxito a largo plazo. Este enfoque también propicia espacios de diálogo y colaboración entre vecinos, autoridades y empresas involucradas, reduciendo los conflictos y fomentando la confianza mutua, facilitando así la búsqueda de soluciones duraderas a los problemas de agua y saneamiento.

¿Qué impacto tiene el déficit de alcantarillado en la salud y el desarrollo comunitario?
La ausencia de un sistema de alcantarillado adecuado influye directamente en la aparición y propagación de enfermedades transmitidas por el agua y el contacto con residuos. Según reportes del Banco Mundial, la carencia de saneamiento incrementa los riesgos de infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y otras afecciones que afectan sobre todo a niños y adultos mayores en las zonas rurales. Además, limita el desarrollo social porque obliga a las familias a buscar alternativas poco higiénicas para la disposición de aguas residuales y limita la inversión pública y privada en infraestructuras básicas, perpetuando así el círculo de pobreza.

Para comunidades como la de Las Mercedes en Caracolí, el retraso en la construcción de alcantarillado significa también una postergación en la garantía de la salud pública y la dignidad de sus habitantes. La oferta de servicios de saneamiento es un indicador fundamental del desarrollo humano, y su ausencia frena el progreso educativo, la seguridad alimentaria y el acceso a oportunidades de empleo, profundizando la brecha entre las áreas urbanas y rurales.