Coronel (r) Benjamín Núñez logró una rebaja de pena del 50 %; pagará estos años en prisión

Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, el coronel (r) de la Policía, Benjamín Nuñez, fue condenado este viernes a 29 años de cárcel por el homicidio de tres jóvenes en Chochó, Sucre, en julio del año pasado.

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Además de los 348 meses que pasará en prisión quien fuera el comandante operativo de la Policía en Sucre, el ahora condenado deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes, según lo acordado con la Fiscalía.

En el preacuerdo con el ente acusador –al que los abogados de las víctimas se opusieron hace unos días–, el coronel (r) Núñez también se comprometió a pedir perdón a las familias de las víctimas y a colaborar con la justicia. La primera ya la cumplió y la segunda aún se está llevando a cabo.

“Considera el despacho que la rebaja del 50 por ciento es proporcional, pues existe evidencia de que Núñez ha colaborado con la justicia”, indicó la jueza en una audiencia virtual, ya que el ahora condenado estaba recluido en la cárcel La Picaleña de Ibagué.

El coronel (r) fue señalado por otros diez uniformados capturados por los mismos hechos, de haber asesinado con tiros a “quemaropa” a Jesús David Díaz, de 18 años; José Carlos Arévalo, de 20, y Carlos Alberto Ibáñez, de 26 años, el pasado 25 de julio de 2022, en el corregimiento de Chochó, de Sincelejo.

Los tres jóvenes fueron señalados de pertenecer al Clan del Golfo y de asesinar al policía Diego Felipe Ruiz Rincón en medio del plan pistola que ese grupo ilegal adelantó en ese momento contra la Fuerza Pública. El mismo día de los hechos, las autoridades se dieron cuenta que los jóvenes no tuvieron que ver con el homicidio.

De acuerdo con un relato que el mismo coronel (r) Núñez entregó esta semana a la Fiscalía, los jóvenes fueron ultimados por él en una camioneta.

“Lo que hago es accionar el gatillo y dispararle al muchacho. Me levanté en la camioneta, le disparé al que estaba acá y les dije: ‘acuesten este acá’ y después le disparé aquí en dos ocasiones a este”, declaró el uniformado a la Fiscalía.

Tras cometer el crimen, el uniformado se dio a la fuga y huyó a México, de donde regresó el pasado 8 de septiembre y, de inmediato, fue capturado por las autoridades.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

El procesado, inicialmente, se negó a aceptar los cargos porque su intención era buscar un preacuerdo con el ente acusador, el cual logró un par de semanas después y que quedó en firme este viernes en el anuncio de su condena.