Anuncian demandas contra Petro por aparentes "amenazas" en discurso de la Plaza de Bolívar

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de revocar a los congresistas que no apoyen la consulta popular que propuso recientemente ha causado un fuerte rechazo en el Congreso de la República.

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Varios legisladores expresaron su inconformidad y aseguraron que tomarán acciones legales ante lo que consideran amenazas y acusaciones graves por parte del mandatario.

Congresistas reaccionaron al discurso de Gustavo Petro en Plaza de Bolívar

El senador Miguel Ángel Pinto manifestó, a través de sus redes sociales, que presentará una denuncia penal contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

“Sus irracionales aseveraciones serán denunciadas penalmente ante la comisión de acusaciones, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la comunidad internacional, así como sus amenazas de muerte, a los congresistas que no voten su consulta”, aseguró Pinto en su cuenta de X.

Pinto enfatizó que las afirmaciones del presidente, en las que responsabiliza a congresistas por la muerte de un ciudadano luego del hundimiento de la reforma laboral, representan amenazas inadmisibles y un atentado contra la autonomía parlamentaria. Así lo registró La FM.

Otros legisladores también se pronunciaron sobre la situación. El senador Mauricio Gómez afirmó que el mandatario está promoviendo un discurso que incita al odio y que intenta socavar la democracia. Recalcó que no permitirán que el discurso populista y agresivo del presidente los intimide, y señaló que no respaldarán la consulta popular que ya fue radicada en el Congreso, la cual consideró una táctica electoral.

La representante Katherine Miranda fue enfática al señalar que la Constitución otorga al Senado la potestad de aprobar o rechazar mecanismos de consulta popular, y resaltó que ambas decisiones son legítimas. Miranda cuestionó la actitud del presidente al advertir sobre posibles consecuencias si el Congreso no aprueba su iniciativa, argumentando que esas amenazas son inaceptables en el marco democrático.

Por su parte, el senador Miguel Uribe también se pronunció con firmeza al indicar que no cederá ante la presión del Ejecutivo y que se opondrá al avance de la consulta popular impulsada desde la Casa de Nariño. Alejandro Chacón, en cambio, pidió respeto tanto para el Congreso como para el derecho de los congresistas a disentir, recordando que la estigmatización es perjudicial para la democracia y que no se puede exigir unanimidad en las decisiones legislativas.

El debate político frente a la figura de consulta popular en Colombia

La eventual convocatoria a una consulta reaviva el debate sobre el equilibrio de poderes en Colombia. Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de este mecanismo para validar propuestas importantes como la reforma laboral, gran parte del Congreso señala que imponer decisiones mediante amenazas afecta la independencia de los poderes públicos y debilita la representación democrática.

El senador Carlos Motoa incluso comparó el actuar de Gustavo Petro con el del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, aduciendo que recurre a señalamientos y estigmatizaciones. En ese mismo sentido, la senadora Paloma Valencia llamó al mandatario a construir consensos mediante el diálogo, dejando de lado políticas divisorias y optando por propuestas que beneficien a todos los sectores.

 “Petro actúa como Hugo Chávez: señalamientos, amenazas y estigmatización. Le recordamos que sus preguntas son obvias y tendenciosas. Busque consensos y atienda los problemas urgentes de los colombianos”, aseguró el parlamentario.

En respuesta a las acusaciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, negó que existan amenazas por parte del presidente. Sostuvo que simplemente aquellos congresistas que se opongan a la consulta podrían no ser reelegidos, recordando que, en una democracia, este tipo de decisiones corresponde al pueblo.

Todo este escenario, informado por La FM y su sistema integrado de información, deja en evidencia la profunda tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y reafirma la importancia del respeto institucional ante propuestas de trascendencia nacional.