Disparos, encubrimiento y lucha por justicia: el caso que sacude a Belalcázar y a comunidades indígenas

El proceso judicial contra Juan Víctor Salinas Jaramillo, excomandante policial del municipio de Belalcázar (Caldas), ha puesto de manifiesto las complejidades y retos del sistema de justicia colombiano cuando se trata de delitos cometidos por agentes estatales, especialmente en territorios indígenas. La Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2023, decidió no admitir el recurso de casación presentado por la defensa del excomandante, quien fue condenado por delitos de encubrimiento, alteración de pruebas y abuso de autoridad por omisión de denuncia, todo ello relacionado con la muerte de un menor perteneciente al resguardo indígena Totumal en 2021, según reportes del periódico LA PATRIA.

El caso se originó cuando el menor indígena ingresó a la finca El Recuerdo para, al parecer, recolectar frutas. Fue entonces cuando Salinas Jaramillo disparó contra el joven y posteriormente, según la investigación, el cadáver fue ocultado y se intentaron manipular las pruebas. Inclusive, un superior sugirió desaparecer evidencia vinculada al hecho, lo que demuestra un intento institucional por eludir responsabilidad policial. Datos de la misma fuente revelan que las irregularidades en la gestión del caso agravaron la indignación tanto de la familia como de las comunidades indígenas.

Informes de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido que las comunidades indígenas suelen encontrar obstáculos estructurales para acceder a la justicia, especialmente cuando los implicados son servidores públicos o agentes de seguridad. El ocultamiento de pruebas y la manipulación de la escena se convierten así en mecanismos que perpetúan la impunidad, situación documentada reiteradamente en el contexto colombiano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 2022, enfatiza la persistencia de estos patrones.

El manejo jurídico del caso también complejizó el acceso a justicia debido a los conflictos de competencia entre las distintas ramas jurisdiccionales: civil, penal ordinaria y penal militar. Solo hasta 2022 la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-456/22, determinó que el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio sería el competente, superando varios intentos de declarar la incompetencia del fuero civil. Esta fragmentación y dilatación procesal evidencian la urgencia de una reforma que garantice respuestas eficientes y equitativas cuando los derechos humanos se ven comprometidos.

Otro aspecto que generó debate fue la decisión inicial de otorgar suspensión condicional de la pena (35 meses) al excomandante, lo cual levantó protestas por parte de la comunidad y de las víctimas, que exigían prisión efectiva. Finalmente, el Tribunal Superior de Manizales revocó la suspensión y ordenó su captura, aunque el último recurso judicial fue negado por la Corte Suprema, según información de LA PATRIA.

Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han resaltado cómo la militarización de territorios indígenas, sumada a prácticas de encubrimiento por parte de las fuerzas policiales, debilita la confianza entre el Estado y las comunidades. El círculo vicioso de violencia, silencio institucional y falta de sanciones serias erosiona los derechos fundamentales de estos pueblos y perpetúa el riesgo de nuevos atropellos.

El Observatorio de Justicia Indígena en Latinoamérica (OJILA) ha recomendado el fortalecimiento de mecanismos de justicia intercultural, para que los procesos garanticen la participación de las comunidades y respeten la autonomía de los resguardos. Esto debería ir acompañado de una mejor articulación interinstitucional y de una clara delimitación de competencias, factores clave para evitar la dispersión de responsabilidades y la postergación de la justicia.

En definitiva, el caso Salinas Jaramillo encapsula los desafíos que persisten en Colombia cuando se busca equilibrar la seguridad estatal, la protección de los derechos colectivos indígenas y la efectiva sanción de delitos cometidos por funcionarios públicos. La reciente decisión judicial marca un hito, pero deja abierta la discusión sobre la reforma y humanización del sistema judicial para responder a las demandas históricas de las comunidades indígenas.

¿Qué implica la competencia jurisdiccional en casos que involucran a autoridades y comunidades indígenas?

El concepto de competencia jurisdiccional alude a la determinación de cuál tribunal o rama de la justicia es la adecuada para conocer y resolver un caso. En contextos donde están involucrados miembros de la fuerza pública y comunidades indígenas, como el que abordó la Corte Suprema y la Corte Constitucional, definir esta competencia es crucial para que los procesos no se dilaten y se respeten tanto derechos fundamentales como las particularidades culturales de los pueblos indígenas. Las controversias sobre qué órgano debe conocer el caso afectan el acceso real y efectivo a la justicia, generando frustraciones y dilaciones que pueden menoscabar la verdad y la reparación a las víctimas.

En Colombia, los conflictos entre jurisdicción ordinaria, penal militar y, en ocasiones, jurisdicción especial indígena, revelan una fragmentación institucional que termina favoreciendo la impunidad y obstaculizando respuestas ágiles. Este tipo de discusiones también pone foco en la necesidad de reformas para asegurar un tratamiento adecuado y eficiente cuando están en juego derechos humanos fundamentales y el acceso a la justicia de grupos históricamente marginados.

¿Cómo afectan estos casos a la percepción de la justicia en las comunidades indígenas?

La incidencia de casos donde existen irregularidades, encubrimiento o manipulación de pruebas en hechos que afectan a comunidades indígenas profundiza la desconfianza y la percepción de ineficacia o complicidad del sistema judicial estatal. La reiteración de patrones de impunidad, como los reseñados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación para la Libertad de Prensa, debilita la legitimidad de las instituciones y refuerza la idea de que los pueblos indígenas no cuentan con protección ni garantías reales frente a la violencia policial y estatal.

Además, la falta de castigos efectivos y la fragmentación procesal intensifican las demandas de autonomía, autodeterminación y justicia propia por parte de las comunidades. Esto muestra la urgente necesidad de reforzar mecanismos de participación, respeto a la justicia intercultural y mecanismos de coordinación entre jurisdicciones, a fin de restaurar la confianza, el respeto y la paz en los territorios indígenas.