Motociclistas y conductores toman Bogotá: protesta revela crisis de movilidad y desconfianza con la Alcaldía

El 16 de septiembre de 2025, Bogotá fue escenario de una multitudinaria manifestación liderada principalmente por motociclistas, acompañados de conductores de distintos gremios, en respuesta a una serie de inconformidades que han ido creciendo en los últimos meses. La protesta visibilizó la tensión existente entre los ciudadanos y la gestión de la Alcaldía, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, así como la Secretaría de Movilidad encabezada por Claudia Díaz. Si bien la razón inicial de la movilización era denunciar los problemas de movilidad urbana, lo sucedido reveló un malestar de fondo que involucra aspectos más amplios de la vida cotidiana, tales como los controles viales y el declive en la infraestructura pública, como reportó El Espectador.

Entre las demandas concretas de los manifestantes destacaron el rechazo a la implementación de puestos de control que consideran ilegales, la preocupación por el deterioro de las vías en diversas zonas, y la insistencia en encontrar soluciones prácticas a los obstáculos diarios que enfrentan los actores viales. Tanto motociclistas como conductores de servicios funerarios o del sector educativo manifestaron su insatisfacción ante la falta de políticas públicas eficientes, lo que, según sus declaraciones recogidas por medios como Semana y El Tiempo, incide negativamente en sus ingresos y en la seguridad diaria.

A pesar de que los organizadores estimaban una asistencia superior a las 10.000 personas, la movilización congregó finalmente a cerca de 1.500 participantes, siendo la Plaza de Bolívar el principal punto de encuentro con unos 600 presentes. Esta reducción podría estar relacionada con la dispersión de puntos de concentración y ciertos desacuerdos relacionados con la participación de figuras políticas, en particular el precandidato presidencial Santiago Botero, cuya presencia fue motivo de controversia según se documenta en El Espectador.

Un elemento simbólico de la jornada fue la entrega de cascos sobre las vías, como muestra del carácter pacífico pero firme de la protesta, que se replicó en puntos emblemáticos de la ciudad, incluidos barrios como Álamos, la Avenida Villavicencio y el Centro Comercial Virgilio Barco, reflejando la transversalidad del descontento entre distintos colectivos vinculados a la movilidad diaria.

Estas manifestaciones pusieron de relieve problemáticas estructurales que exceden la coyuntura política: la capital enfrenta retos en relación con la congestión, un mantenimiento vial inadecuado y una regulación fragmentada, de acuerdo con entrevistas a especialistas en movilidad urbana recogidas por El Espectador. Los expertos insisten en la necesidad de una estrategia integral, que contemple tanto un esquema de infraestructura actualizado como un control transparente y una consulta real con los sectores afectados para reducir fricciones.

El señalamiento recurrente de “puestos de control ilegales” evidencia una desconfianza profunda hacia algunas actuaciones de la Secretaría de Movilidad. De acuerdo con un informe de la Contraloría Distrital de Bogotá citado en el artículo, se han detectado irregularidades en estos procedimientos, situación que contribuye a la erosión de la credibilidad institucional. Además, la falta de participación directa de los actores involucrados en la elaboración de políticas públicas agrava la distancia entre autoridades y ciudadanía.

En lo político, manifestaciones de esta índole pueden impactar la gobernabilidad local, poniendo de manifiesto una pérdida de legitimidad y abriendo la puerta a que líderes políticos busquen aprovechar el descontento colectivo. Analistas citados por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional han advertido que el éxito en el manejo de estas protestas depende, en gran medida, de la capacidad del gobierno distrital para iniciar diálogos efectivos con los gremios y adoptar mecanismos de transparencia, como señalan los estudios de la Universidad de los Andes.

En conclusión, la protesta de los motociclistas y otros gremios en Bogotá reafirma que la movilidad no solo es un asunto de infraestructura, sino también de confianza, justicia y legitimidad social, desafíando a las autoridades a buscar consensos que reflejen todas estas dimensiones.

¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá? La Secretaría de Movilidad es la entidad distrital responsable de coordinar, regular y supervisar todos los aspectos relacionados con el tránsito, transporte y seguridad vial en Bogotá, como se desprende de su mención recurrente en los reportes y entrevistas citados por El Espectador y la Contraloría. Sus funciones incluyen el diseño e implementación de políticas públicas para mejorar la movilidad, la expedición de normativas, la administración de programas de educación vial y la realización de controles e inspecciones en las vías, siempre dentro del marco legal vigente.

El contexto actual ha puesto a la Secretaría bajo la lupa, debido a señalamientos sobre irregularidades en algunos de sus operativos, lo que evidencia la importancia de mantener mecanismos de control transparentes y ajustados a derecho, como reclaman los actores viales en sus manifestaciones. La eficacia y legitimidad de esta institución son fundamentales tanto para el ordenamiento de la ciudad como para la confianza entre la ciudadanía y sus autoridades.

¿Qué implicaciones tiene la participación de líderes políticos en protestas sociales? La presencia de figuras políticas, como se evidenció con la participación del precandidato presidencial Santiago Botero durante la movilización, puede reconfigurar el sentido de una protesta, convirtiéndola no solo en un reclamo social sino también en un escenario para la disputa política, según los análisis del Centro de Estudios Políticos citados en el texto. Esto puede beneficiar a ciertas agendas, pero también provocar divisiones y desconfianza entre los manifestantes, especialmente cuando la movilización tiene un carácter reivindicatorio y apartidista.

Adicionalmente, la intromisión de actores políticos puede restar protagonismo a los verdaderos líderes de los gremios y distorsionar el mensaje original de la protesta. Por ello, muchos colectivos insisten en marcar distancia de cualquier instrumentalización política, para mantener la autenticidad de sus reclamos y no perder legitimidad en la opinión pública y ante las autoridades. El equilibrio entre participación ciudadana y agendas electorales es uno de los principales desafíos de la gobernanza urbana contemporánea.