Colombia bajo amenaza: asesinatos sistemáticos de líderes y el drama del reclutamiento infantil

El asesinato de líderes políticos y sociales en Colombia se ha consolidado como un fenómeno alarmante, cuyas consecuencias afectan directamente la estabilidad de la democracia y la garantía de los derechos humanos. Así lo subraya un procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, quien resalta el carácter sistemático de crímenes recientes como los que les costaron la vida al precandidato Miguel Uribe Turbay y al secretario de Gobierno José Dorian Jiménez. Estos hechos, señala la Procuraduría, no ocurren en el vacío: responden a planes estructurados cuyo objetivo es socavar los procesos electorales e impedir que florezcan liderazgos comprometidos con la transformación social.

De acuerdo con cifras oficiales de la Procuraduría, en lo que va de 2025 se han perpetrado más de 160 atentados contra líderes sociales, llegando a un acumulado de 1.607 asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Esta constante amenaza revela una estrategia persistente para acallar voces y destruir el tejido social, generando un ambiente de miedo e incertidumbre que obstaculiza la consolidación de proyectos colectivos a largo plazo. El daño no se limita al ámbito personal, sino que impacta la posibilidad misma de lograr la paz y el desarrollo en Colombia, según evidencia la autoridad disciplinaria.

Un elemento especialmente preocupante destacado por el procurador es el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales, utilizando a jóvenes marginados, sin apoyo educativo ni familiar, como sicarios. Frente a esta realidad, sostiene que la respuesta estatal debería orientarse hacia políticas de integración e inclusión social, descartando enfoques punitivos que solo aumentan las penas, ya que no atienden las causas estructurales del problema. Esta visión es respaldada por informes de UNICEF y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomiendan atacar las raíces del reclutamiento infantil para frenar esta dinámica.

Desde la Procuraduría, el compromiso se ha ampliado más allá de la acción disciplinaria, abrazando una participación decisiva en investigaciones penales. Así lo demuestra la vigilancia ejercida en hospitales tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, que permitió preservar con vida al perpetrador, facilitando que su testimonio contribuyera al desmantelamiento de las redes delictivas involucradas. A la par, se han iniciado investigaciones contra altos funcionarios, incluyendo al director de la Unidad Nacional de Protección, ante posibles omisiones en la seguridad para líderes amenazados, enfatizando la urgencia de reformas y controles más estrictos.

Este proceso contrasta marcadamente con sanciones previas que resultaron insuficientes, como la inhabilidad de 160 días impuesta a un uniformado por la muerte de un manifestante en 2020. Según declaraciones oficiales, dicho fallo aún puede ser revisado, revelando la existencia de mecanismos para corregir decisiones poco acordes con las exigencias sociales y probatorias.

En perspectiva regional, el fenómeno colombiano se enmarca en un contexto donde la polarización de los discursos y el extremismo ideológico, según la politóloga Margarita López Maya, incrementan la conflictividad política en América Latina y Estados Unidos. La retórica inflamatoria desde sectores públicos favorece la normalización de la violencia y eleva el riesgo para quienes ejercen liderazgos sociales o políticos. En este sentido, el procurador llama a que medios y figuras culturales fortalezcan debates que prioricen la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales.

El enfoque institucional también incorpora la necesidad de mantener el diálogo y la negociación con grupos armados ilegales. El exministro de Justicia sostiene que, pese a los desafíos que implica, este tipo de diálogo resulta fundamental para contener la violencia, como lo reflejan informes del Ministerio de Justicia entre 2023 y 2025.

De esta manera, la violencia contra líderes exige un abordaje multilateral: desde la protección efectiva y disciplinaria, pasando por la inclusión social y la corresponsabilidad cultural, hasta llegar a la consolidación de mecanismos de paz sostenibles. Así, la Procuraduría busca contribuir a que el respeto por la vida y los derechos humanos se convierta en el pilar de la democracia colombiana.

¿Cuál es el papel de la Unidad Nacional de Protección en la seguridad de los líderes sociales? La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha sido objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría ante sospechas de fallas en la protección de líderes amenazados. El papel central de la UNP consiste en brindar esquemas y protocolos de seguridad personalizados a quienes, por su actividad social o política, enfrentan riesgos elevados. La vigilancia de estos procesos es esencial para garantizar que quienes más lo necesitan cuenten con respuestas ágiles y eficaces, especialmente después de crímenes que han puesto en duda la suficiencia de los mecanismos de protección.

La relevancia de esta pregunta reside en que la ausencia o deficiencia de las medidas de protección puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes defienden derechos humanos, lideran procesos comunitarios o participan en política. Las investigaciones adelantadas tras los asesinatos recientes subrayan la importancia de que la UNP opere bajo protocolos claros y eficientes, evitando retrasos y negligencias que permitan la concreción de amenazas.

¿Qué significa el reclutamiento infantil y por qué es un problema en Colombia? El reclutamiento infantil es la práctica mediante la cual grupos armados ilegales incorporan a menores de edad en sus filas, ya sea para actividades logísticas, labores de inteligencia o directamente como perpetradores de crímenes. Este fenómeno ha sido denunciado por la Procuraduría y organismos internacionales como UNICEF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando que los niños reclutados suelen provenir de contextos de alta vulnerabilidad, carentes de educación, oportunidades y apoyo afectivo.

El problema del reclutamiento de menores en Colombia es particularmente grave porque priva a una generación de su infancia y perpetúa ciclos de violencia. Además, socava los esfuerzos estatales y comunitarios por construir paz al convertir a víctimas potenciales en ejecutores de violencia, lo que exige respuestas que aborden tanto la protección inmediata como la prevención social de raíz.