Asesinato de Germán Roso reaviva alarma por el peligro que enfrentan líderes rurales en Colombia

La muerte de Germán Roso, líder social reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos de familias campesinas y su participación activa en procesos de restitución de tierras en Puerto Salgar, Cundinamarca, expone una problemática persistente en Colombia: la inseguridad para quienes promueven el derecho rural. El asesinato de Roso el 10 de septiembre de 2025, en el sector Valle Escondido, no solo se inscribe en una historia marcada por amenazas reiteradas, sino que también refleja el panorama de impunidad que rodea a estos casos y ahonda la vulnerabilidad de las comunidades rurales afectadas, según la fuente original.

La gravedad del caso aumenta considerando que Roso había expresado denuncias previas ante varias entidades, incluidas la Sociedad de Activos Especiales (SAE), responsable de administrar y devolver bienes vinculados a economías ilícitas. El crimen ocurre en un año especialmente violento: según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), organización que monitorea los asesinatos de líderes sociales, ya se han registrado 116 homicidios de defensores de derechos humanos en 2025. Esta cifra no solo evidencia una tendencia al alza, sino que confirma que la problemática persiste especialmente en sectores rurales donde existen disputas por el control territorial y la presencia de economías ilegales.

La SAE ha advertido sobre el riesgo al que se exponen las personas que reclaman tierras incautadas al crimen organizado, ya que continúan operando grupos armados ilegales en la región. Amelia Pérez, directora de esta entidad, ha solicitado a la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ejército la urgente necesidad de proteger a quienes lideran procesos de restitución agraria, procurando evitar que los responsables de estos crímenes permanezcan impunes. El papel de la SAE es determinante porque implica la garantía de implementar la reforma agraria en zonas históricamente golpeadas por la violencia y el despojo, según los reportes de la entidad.

El conflicto rural colombiano presenta profundas raíces históricas. Tal como expone el Centro Nacional de Memoria Histórica, las décadas de los ochenta y noventa estuvieron marcadas por desplazamientos forzados y violencia contra la población rural, fenómenos que, según expertos y organizaciones sociales, podrían repetirse si no existen garantías reales de seguridad y restitución de derechos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo advierte que los actores armados ilegales imponen normas y control social sobre comunidades campesinas, perpetuando condiciones de exclusión y violencia.

La protección de los líderes sociales enfrenta obstáculos importantes debido a la falta de coordinación institucional adecuada. Tanto agencias internacionales como Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia subrayan la importancia de mejorar las garantías de seguridad, fortalecer la acción del Estado en los territorios rurales y combatir la impunidad en estos crímenes. La muerte de figuras como Germán Roso constituye una alerta grave respecto a los riesgos que recaen sobre las reformas agrarias y el acceso a la tierra en el contexto colombiano.

De este modo, el asesinato de Roso es un recordatorio de los desafíos estructurales asociados a la consolidación de justicia social y paz territorial en Colombia. Ante estos hechos, la continuidad y el fortalecimiento de políticas de restitución, junto a una intervención estatal eficaz, resultan indispensables para evitar la repetición de tragedias y avanzar en la protección efectiva de líderes y comunidades rurales.

¿Por qué son particularmente vulnerables los líderes sociales en los procesos de restitución de tierras? La condición de riesgo constante para quienes encabezan procesos de restitución de tierras radica en que, históricamente, estas personas se convierten en blanco de grupos armados ilegales que aspiran a mantener el control sobre territorios y bienes provenientes de economías ilícitas. La labor de los líderes sociales implica denunciar el despojo, exigir el cumplimiento de derechos y promover el acceso a la tierra para familias campesinas, tareas que los ubican en una situación de exposición ante actores violentos que rechazan la intervención estatal y la justicia social rural.
Además, la persistencia de la impunidad, el limitado acceso a mecanismos de protección y las dificultades para la presencia efectiva del Estado en regiones rurales, según reportes de la SAE y la Defensoría del Pueblo, incrementan la vulnerabilidad de estos líderes, obstaculizando así los procesos de paz y el desarrollo equitativo en el campo colombiano.

¿Cuál es la función de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en los procesos de restitución de tierras? La Sociedad de Activos Especiales, o SAE, es una entidad del Estado colombiano encargada de administrar, gestionar y entregar bienes incautados al crimen organizado y economías ilícitas, garantizando que estos predios sean restituidos a las víctimas del conflicto. Su papel es clave para la implementación de la reforma agraria y la justicia social, pues colabora activamente en identificar, proteger y devolver tierras a familias campesinas afectadas por el desplazamiento forzado y el despojo.
La SAE no solo actúa como ente administrador, sino que también denuncia amenazas y violencias sufridas por líderes sociales involucrados en procesos de restitución. Según datos de la propia institución y la Defensoría del Pueblo, su labor supone coordinar esfuerzos con otras entidades estatales para prevenir la impunidad, al tiempo que promueve la protección de los derechos de las comunidades rurales.