Sorpresa en Valledupar: aplazan cámaras de fotomultas y crecen dudas sobre vigilancia y transparencia

La instalación de cámaras de fotomultas en Valledupar ha sido aplazada, luego de que la Alcaldía, liderada por Ernesto Orozco, decidiera posponer su implementación, originalmente programada para el 1.º de octubre de 2025, hacia el primer trimestre de 2026. Según el periódico local El Pilón, esta decisión generó sorpresa e incertidumbre entre los habitantes, pues ya se habían iniciado trabajos de adecuación en varias intersecciones, como la calle 16 con carrera 12, para montar estos sistemas. Este anuncio se hizo público en un contexto donde se espera que los nuevos dispositivos contribuyan al control y sanción de conductas de riesgo en las vías, pero, a la vez, ha destapado debates sobre transparencia y aceptación social.

Las cámaras de fotomultas, denominadas oficialmente Sistemas Automáticos y Semiautomáticos de detección de infracciones (SAST), están concebidas para identificar infracciones viales como el exceso de velocidad, paso en semáforos en rojo, uso indebido de carriles y ausencia de elementos de seguridad como casco o cinturón. Recogen datos del vehículo como placas, hora, velocidad y lugar, permitiendo enviar multas cuya cuantía oscila entre unos 60 mil y más de un millón de pesos colombianos. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los SAST están habilitados para sancionar hasta diez diferentes tipos de infracciones, configurándose como una de las estrategias más recientes del Gobierno para robustecer la seguridad en las vías urbanas y rurales.

Este retraso ocurre en un contexto nacional de creciente preocupación por la seguridad vial. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que durante 2024 fallecieron cerca de 6.500 personas a causa de accidentes de tránsito en Colombia. Además, la experiencia en ciudades como Bogotá y Medellín, reportada por el Ministerio de Transporte, evidencia que la implantación de fotomultas puede disminuir entre un 15 y un 20% ciertos comportamientos peligrosos en las vías.

No obstante, en Valledupar la comunidad expresa opiniones divididas frente a la medida. Mientras algunos pobladores solicitan mayor información y claridad sobre cuáles puntos serán monitoreados y qué infracciones serán vigiladas, otros plantean su rechazo, preocupados por una posible intensificación de la vigilancia, errores en la imposición de sanciones o afectaciones al tráfico, especialmente en temporadas de alta movilidad como las festividades de fin de año.

Según El Pilón, esta desconfianza señala la importancia de socializar el proceso y garantizar transparencia. Estudios citados en el Transport Policy Journal respaldan que la comunicación clara y el acceso público a la información propician una mejor aceptación ciudadana. A nivel internacional, documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también destacan la necesidad de acompañar la automatización con auditorías y garantías legales, para evitar errores y proteger los derechos de los conductores.

En concreto, las autoridades han planificado instalar las cámaras en corredores viales estratégicos como la carrera 23 con calle 14c y la transversal 22 bis con calle 3, atendiendo a criterios de accidentalidad y congestión. Además, la Secretaría de Tránsito de Valledupar prevé iniciar campañas de socialización mediante videos, volantes y pasacalles para orientar a la comunidad. Así, el éxito de la medida dependerá de equilibrar la efectividad tecnológica, el respeto a los derechos ciudadanos y la participación activa de la comunidad.

La inquietud acerca de los mecanismos para impugnar o apelar una fotomulta surge a raíz del temor que tienen muchos conductores sobre posibles errores en la aplicación de las sanciones. En el caso colombiano, la defensa ante una sanción impuesta por uno de estos sistemas es un aspecto fundamental para garantizar transparencia y justicia en el proceso. El contexto toma relevancia debido a experiencias previas en otras ciudades del país, donde no siempre existe claridad sobre el paso a paso para ejercer este derecho. El procedimiento generalmente implica la solicitud de una revisión ante la autoridad de tránsito correspondiente, pero la forma precisa de actuar puede variar de acuerdo a la jurisdicción de cada municipio.

Esta cuestión es importante porque la confianza ciudadana en las fotomultas depende de que exista la posibilidad real de corregir errores y de que el proceso sancionatorio no sea arbitrario. Por ello, la socialización sobre estos procedimientos, junto con la información previa a la instalación de los sistemas, es considerada por organizaciones y expertos en movilidad como un pilar fundamental para fortalecer la legitimidad y la aceptación de esta política pública.

Una pregunta frecuente es la distinción entre cámaras automáticas y semiautomáticas dentro de los SAST. Esta diferenciación es significativa porque el grado de intervención humana en el proceso sancionatorio cambia según el tipo de tecnología empleada. Las automáticas identifican y registran infracciones sin intervención directa de operadores en el momento, mientras que las semiautomáticas pueden requerir revisión manual por parte de funcionarios para validar imágenes o datos antes de emitir una multa.

Comprender este punto ayuda a esclarecer debates sobre la precisión, eficiencia y control de errores en la imposición de sanciones. En contextos como Valledupar, donde existe preocupación sobre la posible arbitrariedad o la generación de multas indebidas, saber cómo funciona cada sistema ayuda a la ciudadanía a conocer sus derechos y obligaciones, promoviendo una mayor transparencia en la gestión de este tipo de tecnologías viales.