El drama de Ornela: la lucha por un medicamento vital evidencia el calvario de pacientes con cáncer en Colombia

El caso de Ornela Álvarez García, una paciente diagnosticada con cáncer HER2 positivo en Valledupar, pone en evidencia las graves dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos en Colombia para acceder a tratamientos de alto costo. Ornela, madre soltera responsable del cuidado de dos hijas, ha tenido que lidiar no solo con la complejidad de su enfermedad, sino también con una cadena de obstáculos administrativos impuestos por su EPS (Entidad Promotora de Salud) Sanitas, que le ha negado el acceso al medicamento necesario para su tratamiento. Según El Pilón, la falta de suministros oportunos no solo deteriora su estado de salud, sino que representa un riesgo inminente para su vida.

Este caso, lejos de ser único, refleja una problemática recurrente en el sistema de salud colombiano. Diversas organizaciones, como Madrina Rosa y defensores de derechos humanos, han documentado que tanto en Valledupar como en otras regiones del Cesar, múltiples pacientes han enfrentado barreras similares. Las negativas a entregar medicamentos esenciales se materializan mediante la exigencia de pruebas adicionales fuera de los protocolos médicos, demoras injustificadas y criterios poco transparentes empleados por varias EPS. Según la presidenta de Madrina Rosa, Paola Pamela Maestre, esta situación constituye un patrón sistemático que vulnera los derechos y la supervivencia de los pacientes más vulnerables.

El acceso garantizado a medicamentos como el trastuzumab deruxtecán, una terapia dirigida aprobada internacionalmente, es fundamental para quienes luchan contra el cáncer HER2 positivo. De acuerdo con un estudio publicado en *The Lancet Oncology* en 2023, este tipo de fármacos consigue mejorar de manera significativa la supervivencia y disminuir el riesgo de muerte. Sin embargo, el elevado costo de estos medicamentos, que ronda los 400 millones de pesos en Colombia, sumado a las trabas administrativas, ha dificultado su suministro regular en el sistema de salud público, impactando directamente la esperanza y la calidad de vida de los pacientes.

El marco legal colombiano reconoce el derecho fundamental a la salud, obligatorio para las EPS que deben proporcionar todos los medicamentos autorizados y evitar retrasos carentes de justificación científica o técnica. El Observatorio Nacional de Medicamentos y la Superintendencia Nacional de Salud han reiterado que la negativa sin fundamento sólido constituye no solo una falta administrativa, sino también un acto susceptible de sanciones según la legislación vigente, conforme a lo señalado por el Ministerio de Salud de Colombia.

Además, defensores de derechos humanos y entidades como la Defensoría del Pueblo han calificado estos incidentes como amenazas directas a la vida de los pacientes, subrayando la urgencia de una intervención decidida por parte de los organismos de vigilancia y control. La defensora Hercilia Fajardo expresó que las inacciones u omisiones reiteradas de EPS como Sanitas en la provisión de medicamentos efectivos representan una vulneración grave a la dignidad y supervivencia de quienes enfrentan el cáncer en condiciones de vulnerabilidad, tal como recogió El Pilón.

Para abordar esta situación, especialistas y la Agencia Nacional de Infraestructura de Salud proponen la digitalización y vigilancia transparente del proceso de administración de medicamentos. Se sugiere la creación de un registro nacional de pacientes pendientes de tratamientos oncológicos de alto costo, con el objetivo de priorizar y agilizar la entrega, evitando así demoras injustificadas y decisiones administrativas arbitrarias.

La historia de Ornela Álvarez exige, en definitiva, la revisión urgente de los procesos administrativos y la adopción de políticas más efectivas que garanticen el acceso inmediato a medicamentos de alto costo en Colombia. Ante la creciente incidencia de cáncer, la defensa de la vida y de los derechos fundamentales de los pacientes debe convertirse en una responsabilidad incuestionable para el sistema de salud y la sociedad en su conjunto.

¿Qué es el cáncer HER2 positivo y por qué requiere tratamientos especiales?

El cáncer HER2 positivo es un tipo específico de cáncer (frecuentemente de mama) caracterizado por la sobreexpresión del receptor HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano), una proteína que promueve el crecimiento de células malignas. Este subtipo es conocido por su agresividad y por la rápida multiplicación de las células tumorales. El tratamiento indicado suele involucrar terapias dirigidas, como el trastuzumab deruxtecán, que actúan específicamente contra la proteína HER2, mejorando las posibilidades de supervivencia de los pacientes, como lo confirma la literatura científica citada por *The Lancet Oncology*.

Comprender qué implica este diagnóstico es relevante porque determina el tipo de fármaco a utilizar y refleja la importancia de garantizar el acceso a terapias modernas y especializadas dentro del sistema de salud. Los retrasos en la administración de este tratamiento pueden disminuir las posibilidades de éxito terapéutico y exponen a los pacientes a mayores riesgos de progresión de la enfermedad.

¿Cuáles son las consecuencias legales para las EPS que niegan medicamentos de alto costo?

La ley colombiana establece que las EPS tienen la obligación de proporcionar los medicamentos esenciales prescritos a sus afiliados, especialmente si estos equipos y fármacos figuran dentro del Plan de Beneficios en Salud. Cuando una EPS niega injustificadamente el acceso a un tratamiento autorizado, incurre en una vulneración de derechos fundamentales, como señala el Ministerio de Salud. Estas acciones pueden acarrear sanciones administrativas, multas e incluso medidas legales más estrictas contra la entidad o los funcionarios responsables.

La supervisión de este cumplimiento recae en organismos reguladores como la Superintendencia Nacional de Salud, que, tras denuncia o verificación, puede ordenar la entrega inmediata del medicamento, aplicar sanciones económicas y exigir reformas estructurales en los procesos internos de las EPS. Por tanto, la garantía del derecho a la salud no es solo una obligación ética, sino un imperativo legal que debe ser supervisado de manera rigurosa.