Ecuador: ¿por qué aumenta la violencia tras dos semanas de protestas?

Aunque las protestas iniciaron hace alrededor de dos semanas, el paro nacional en Ecuador iniciado por la potente Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) registra este martes 30 de septiembre su novena jornada. Las protestas detonaron tras la eliminación de los subsidios al diésel, generando un aumento de los precios, pero en los últimos días crecen las denuncias por presunto abuso de autoridad. Un manifestante murió y las organizaciones de la sociedad civil acusan afectaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

La tensión sigue aumentando en Ecuador. Este martes 30 de septiembre, durante el noveno día del paro nacional, las manifestaciones y bloqueos viales por parte de las comunidades indígenas crecen en el país, en especial en la provincia de Imbabura, en el norte.

Tras la muerte de un manifestante, las organizaciones de la sociedad civil denuncian crecientes violaciones de los derechos humanos, mientras que el Gobierno sigue calificando las acciones de las manifestantes de “actos de terrorismo”.

France 24 les explica lo que está pasando en Ecuador:

¿Cuál es el origen de las protestas?

Desde el pasado 15 de septiembre, las protestas detonaron en Ecuador por la eliminación de subsidio al diésel y los disturbios han ido aumentando desde el inicio del paro nacional, convocado el pasado 22 de septiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). El objetivo también ha sido el rechazo a la medida que ha aumentado el precio del combustible.

La decisión, conocida como “Decreto 126” y tomada por el presidente de derecha Daniel Noboa, hizo que el combustible pasara de un precio de 1,80 dólares a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros), lo que alimentó el descontento de la población, en un país que ya enfrenta dificultades económicas.  

“No vamos a negociar y no vamos a retroceder”

La organización indígena, que ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles, pide que se retire el Decreto 126.

Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ecuatoriano se mantiene firme en su decisión.

“No vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”, señaló la portavoz del Gobierno,  Carolina Jaramillo, en rueda de prensa.

A las denuncias de los pueblos indígenas se suman su rechazo a proyectos petroleros y mineros en sus territorios y lo que acusan como la militarización de la política de seguridad del presidente Noboa.

El mandatario defiende una línea de mano dura contra los grupos narcotraficantes, responsables del importante aumento de la violencia en el país en los últimos años.

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¿Cuáles son las denuncias contra las autoridades?

Desde el inicio del paro nacional, las organizaciones presentes en las manifestaciones y bloqueos aseguran que han observado un aumento de la violencia contra los manifestantes por parte de las fuerzas del orden, luego de que Daniel Noboa decidiera a los soldados para, aseguran, reprimir la movilización.

Varias organizaciones del país denuncian violaciones de los derechos humanos a manos de los militares y un uso ilícito o desproporcionado de la fuerza.

En la plataforma X, la Conaie denunció a la Administración de Daniel Noboa “por convertir los territorios indígenas en un campo de guerra contra el pueblo”.

“Su actual despliegue en este tipo de tareas representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos”

Además, miembros de las comunidades indígenas denuncian bloqueos de cuentas bancarias y procesos judiciales sin garantías.

“Nos han bloqueado nuestras cuentas, nos han retenido, estamos en cero (…) Además, me he enterado de que, junto a varios líderes del movimiento indígena nacional, defensores de la naturaleza y algunas autoridades, como es mi caso y la del prefecto, estamos en una lista de una presunta investigación por enriquecimiento ilícito”, denunció a ‘RFI’ Paulina Verkoutere, viceprefecta de la provincia de Imbabura.

Por otra parte, la Oficina Regional para América del Sur de la ONU para los Derechos Humanos instó el lunes 29 de septiembre a iniciar un “diálogo urgente” en Ecuador por la violencia registrada en las protestas.

“Las fuerzas militares no son entrenadas para enfrentar situaciones de conflictividad social o seguridad pública. Su actual despliegue en este tipo de tareas representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos”, advirtió el representante de la organización, Jan Jarab.

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¿Qué se sabe de las víctimas y de los detenidos?

Los hechos de violencia ya cobraron una vida, la de Efraín Fuerez, integrante de un grupo indígena que participaba a bloqueos en Cotacachi (norte) el domingo 28 de septiembre.

El hombre de 46 años fue blanco de disparos durante un enfrentamiento con militares que irrumpieron para despejar uno de los bloqueos, aseguran las comunidades aborígenes.

Fuerez quedó tendido en el piso mientras el resto de manifestantes huyó del lugar excepto uno, que trató de asistirlo y luego fue golpeado por los militares, según captó una cámara de vigilancia.

La misma oficina de la ONU pidió que se investigue el caso mientras que el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, denunció un “crimen de Estado” que “no puede quedar en la impunidad”.

En total, las autoridades han reportado decenas de heridos y un centenar de personas detenidas desde el inicio del movimiento social.

Incluso doce de ellas, detenidas tras el ataque contra el Comando Policial de Otavalo (Imbabura), en el primer día de las manifestaciones, se encuentran procesadas por actos de “terrorismo”, acusaciones que rechazan sus compañeros indígenas.

Este martes, el Gobierno ecuatoriano también señaló que trece de los diecisiete uniformados presuntamente capturados el fin de semana en Imbabura aún permanecen retenidos.

Por su parte, la Conaie señaló desconocer la situación de los militares supuestamente secuestrados. “No somos pueblos secuestradores o extorsionadores”, expresó Marlon Vargas en una rueda de prensa.

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¿Cómo van los intentos de diálogos?

Álvaro Castillo, alcalde de la Ibarra, capital de la provincia ecuatoriana de Imbabura, confirmó este 30 de septiembre un primer acercamiento entre líderes indígenas y el Gobierno de Daniel Noboa.

“Seguimos todavía con las carreteras cerradas a pesar de que ayer hubo ya un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas”, aseguró Castillo al canal local ‘Teleamazonas’.

El alcalde expresó su esperanza de que “en las próximas horas se llegue a acuerdos definitivos y podamos ya trabajar y movernos con normalidad”.

Sin embargo, el diario ecuatoriano ‘El Universo‘ reportó que “ni en el Gobierno de Daniel Noboa ni en Conaie hay disposición para dialogar y poner fin al paro nacional”.

El Ejecutivo, mediante su portavoz Carolina Jaramillo, sigue calificando las acciones de los manifestantes como “actos de terrorismo”.

La Conaie presentó diez demandas al Gobierno que incluyen la eliminación Decreto 126, la reducción del IVA del 15% al 12% y el rechazo a la consulta popular para conformar una nueva Asamblea Constituyente.

Se trata de puntos claves del programa de Daniel Noboa y, hasta el momento, no hay indicios de que el mandatario esté dispuesto a dar marcha atrás.

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Con EFE, AFP y medios locales