Estados Unidos presiona y cambia la misión de la ONU en Colombia: ¿riesgo de intervención internacional?

El reciente cambio aprobado el viernes en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a las funciones de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha generado preocupación acerca del actual panorama político exterior e interior, sin implicar un debilitamiento directo del Acuerdo de Paz. Sin embargo, se reconocen señales de alerta sobre el deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, una situación que empieza a causar impactos en los asuntos internos colombianos, según lo registrado en diferentes medios y comunicaciones oficiales.

Todas las delegaciones, excepto la estadounidense, rechazaron la reducción de dos funciones clave asignadas a la Misión: la verificación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Esta ausencia de acompañamiento internacional en el proceso de justicia transicional ha abierto un frente de incertidumbre, pues expertos consultados y fuentes citadas advierten del riesgo de que la Corte Penal Internacional (CPI) vuelva a intervenir en Colombia. De hecho, la CPI se había apartado del país cuando la JEP fue implementada como sistema para investigar y sancionar los crímenes del conflicto armado.

Resulta paradójico que la supervisión sobre las sanciones de la JEP fue inicialmente impulsada por el propio gobierno colombiano. Según consta en una carta enviada en 2021 por el expresidente Iván Duque al secretario general de la ONU, António Guterres, fue el propio Ejecutivo quien pidió que la Misión de Verificación ayudara a implementar y vigilar el cumplimiento de esas sanciones. Sin embargo, cuatro años después, integrantes del mismo partido político, el Centro Democrático, solicitaron la eliminación de dicha tarea. La senadora Paloma Valencia envió en julio pasado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos pidiendo frenar la renovación del mandato de la Misión por considerar a la JEP un mecanismo de impunidad.

En contraste con lo afirmado por la senadora Valencia, quien aseguró que esta decisión debilitaba el respaldo internacional al Acuerdo de Paz, la votación del Consejo de Seguridad evidenció que la mayoría de países no avalaron la reducción de tareas y que esta se debió a la presión ejercida por Estados Unidos, que advirtió sobre la posibilidad de usar su poder de veto. Diplomáticos en Nueva York remarcaron que Washington amenazó con vetar la resolución si no se eliminaban las referencias a justicia transicional y capítulo étnico, e incluso evaluó retirar menciones relacionadas con la violencia sexual y de género, aunque finalmente estos últimos temas permanecieron en el texto.

Este giro en la política estadounidense representa una ruptura respecto a la tradicional posición de apoyo a la transición colombiana. Durante años, Colombia fue considerada un modelo de superación del conflicto y la Misión de la ONU, una de las experiencias de verificación más exitosas. El cambio es atribuible al nuevo contexto político tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo que ha intensificado las tensiones bilaterales por diferencias en políticas antidrogas y posiciones internacionales, sumándose hechos recientes como la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton y la descertificación de la lucha antidrogas colombiana.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
La JEP es un componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, cuya función principal es investigar, juzgar y sancionar crímenes cometidos durante el conflicto armado. Su creación fue uno de los pilares para garantizar tanto el acceso a la justicia de las víctimas como la posibilidad de reintegración de los excombatientes, aspecto cuya supervisión ahora enfrenta incertidumbre tras la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.